La patronal de clínicas veterinarias alerta de que las nuevas restricciones priorizan la burocracia y ponen en riesgo la atención a los animales. El caso, primero de este tipo, podría abrir la puerta a más sanciones.
Un veterinario de Baleares se enfrenta a una multa de 90.000 euros por recetar y administrar un medicamento en su propia clínica, acción que incumplió el Real Decreto 666/2023. Esta normativa, que entró en vigor el pasado año, prohíbe la venta directa de antibióticos en las consultas y exige registrar cualquier prescripción en la plataforma PRESVET. La sanción, según explica la patronal balear del sector, supone la primera de este tipo y ha generado un profundo malestar entre los profesionales, que consideran desmesurada la carga burocrática.
El Real Decreto 666/2023 y la compleja burocracia que condiciona el trabajo veterinario
Este nuevo marco legal impone, entre otros requisitos, que cada tratamiento con antibióticos se comunique al Ministerio de Agricultura. El objetivo oficial es combatir la resistencia a los antimicrobianos, pero muchos veterinarios ven aquí una traba que ralentiza su labor y dificulta el cuidado inmediato de los animales. ¿Te interesa saber cómo se aplican estas restricciones? La normativa también contempla la prohibición de vender medicamentos en la clínica, obligando a que la compra se haga en farmacias.
Por ello, no solo se incrementa el tiempo de espera antes de iniciar cualquier tratamiento, sino que también se encarecen los costes para los propietarios de mascotas. De hecho, la multa de Baleares ha encendido las alarmas de un sector que teme que esta sanción no sea la última, dado que las multas oscilan entre 60.000 y 1.000.000 de euros.
Sanciones que inquietan al sector y consecuencias para la salud animal y laboral
Los profesionales explican que el Real Decreto 666/2023, lejos de mejorar la atención veterinaria, puede generar desenlaces dramáticos. Hace unos días, en Galicia, una perra con una infección grave no pudo recibir a tiempo un antibiótico más potente, ya que la ley exige disponer de pruebas y cultivos previos para justificar su uso. La demora en el proceso, unido a la imposibilidad de dispensar el medicamento directamente, resultó fatal.
Asimismo, la patronal de clínicas veterinarias advierte que estas medidas podrían derivar en despidos o cierres de pequeños centros que no puedan asumir las exigencias burocráticas. Aunque la ley está pensada para proteger la salud pública, los veterinarios reclaman más flexibilidad.
Tabla con los puntos clave del Real Decreto 666/2023 y su impacto en la práctica diaria
A continuación, se ofrece un resumen de los principales aspectos de la normativa:
| Aspecto | Detalles Principales |
|---|---|
| Registro en PRESVET | Comunicación obligatoria de cada receta al Ministerio |
| Compra de fármacos | Solo permitida en farmacias y distribuidores autorizados |
| Multas económicas | De 60.000 a 1.000.000 euros, según la gravedad |
| Restricciones de uso | Basadas en diagnóstico y cultivos para antibióticos |
Demandas del sector para reducir la burocracia y priorizar el criterio clínico
Ante esta primera sanción, los veterinarios insisten en la necesidad de revisar el Real Decreto. “¿Por qué no se tiene en cuenta la urgencia de ciertos casos?”, se preguntan muchos profesionales, quienes denuncian que la salud de los animales se ve comprometida por la demora en la aprobación de los tratamientos. Algunos defienden, incluso, la convocatoria de nuevas movilizaciones para reclamar una regulación más equilibrada.
Como consejo final, tanto los veterinarios como las asociaciones de animales recomiendan estar informados y respaldar las medidas que protejan la salud de las mascotas, siempre que no supongan riesgos innecesarios. Por ahora, el caso de Baleares sigue su curso judicial, pero el sector se mantiene alerta ante posibles multas similares.