El nuevo borrador legislativo provoca inquietud en el profesorado de las universidades públicas, que ve amenazada la financiación y la autonomía de los centros. La reducción de fondos públicos al 70% y la obligación de buscar financiación externa disparan las protestas.
Los docentes de varias universidades madrileñas se han movilizado para exigir la retirada inmediata del borrador de la Ley Autonómica de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencias. Denuncian que la norma rebaja la financiación pública de estos centros al 70%, dejándolos a merced de la inversión privada para cubrir el 30% restante de sus gastos. ¿El resultado? Una “empresarialización” que, según el profesorado, puede poner en riesgo la calidad educativa y la libertad académica.
Las principales controversias que inquietan al profesorado tras la filtración del borrador legal
Entre los 58 folios que componen el borrador, los profesores señalan como especialmente polémicos la reconfiguración de las universidades como “Centros de Enseñanza Superior” y la insistencia en constituir fondos de inversión. De ahí que se hayan organizado asambleas en la Complutense y la Autónoma para explicar al alumnado y al personal docente los posibles efectos de esta normativa.
Además, el texto dedica escasas líneas a la labor investigadora y docente, algo que los profesores consideran insuficiente. Esto plantea la pregunta: ¿cómo se va a garantizar el prestigio académico si la prioridad se centra en buscar ingresos en el mercado?
Cómo la reestructuración financiera podría afectar al futuro de las universidades públicas
La nueva ley prevé que cada centro busque patrocinadores y donantes, fomentando la entrada de empresas en órganos de decisión. A ello se suma la obligación de incrementar gradualmente los recursos externos para equilibrar los presupuestos.
A continuación se muestra un resumen comparativo de la propuesta de financiación:
| Concepto | Financiación actual (aprox.) | Propuesta de la nueva ley |
|---|---|---|
| Aportación pública | 80%-90% | 70% |
| Fondos externos | 10%-20% | 30% |
| Responsabilidad de gestión | Principalmente estatal | Compartida con inversores |
Este modelo genera recelos, pues muchos docentes temen un aumento de la precariedad laboral al supeditar la oferta educativa a metas económicas.
Por qué la autonomía universitaria corre peligro con las nuevas medidas de seguridad
Otro punto conflictivo del borrador se encuentra en el artículo 92, que insta a la colaboración “leal” con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para proteger los derechos de todos. Varias asambleas tachan esta mención de “represiva” y consideran que vulnera la autonomía de los campus.
¿Qué implicaría? Podría abrir la puerta a actuaciones policiales dentro de instalaciones universitarias sin una justificación clara. Este temor se suma al desdibujado límite entre Universidad y Formación Profesional, cuyas competencias se mezclan y restan relevancia al ámbito puramente académico.
El impacto de las universidades privadas y los intereses empresariales en la gestión académica
El borrador también refuerza la presencia de agentes económicos en los Consejos Sociales, elevando su peso en la toma de decisiones sobre titulaciones o líneas de investigación. Para muchos profesores, esta es la señal definitiva de que la universidad puede convertirse en un espacio más interesado en rentabilizar recursos que en fortalecer la excelencia formativa.
En las últimas reuniones, han emergido las siguientes reclamaciones del personal docente:
- Retirada o revisión profunda del borrador para salvaguardar la financiación pública.
- Garantía de autonomía universitaria, libre de presiones empresariales o políticas.
- Mayor reconocimiento de la labor investigadora, clave para la competitividad académica.
Algunos colectivos incluso alertan del riesgo de “macro-distritos” universitarios que, en colaboración con la FP, permitan a las instituciones privadas aprovechar instalaciones públicas sin una contraprestación clara.
Las protestas del profesorado ponen de manifiesto la creciente tensión entre quienes defienden la educación como un bien público y quienes apuestan por introducir más inversión privada. Por ahora, las asambleas informativas continúan, y todo apunta a que las movilizaciones se intensificarán si la Comunidad de Madrid mantiene inalterado el borrador.