El hombre vendió su casa en China para financiar la vivienda de su hija en Francia, pero la justicia no reconoce su aportación y ha ordenado su desalojo.
Ayudar a un hijo con la compra de una casa parece un gesto de generosidad incuestionable. Pero en ocasiones, los vínculos familiares no bastan para blindarse legalmente. Es lo que ha vivido el señor Wang, un jubilado de 67 años que, tras contribuir económicamente a la adquisición de la vivienda de su hija en Francia, ha sido obligado a abandonarla por orden judicial. La resolución no deja lugar a dudas: aunque él pagó la mayor parte, la casa está a nombre de su hija y, por tanto, él no tiene ningún derecho legal sobre ella.
La historia comenzó en 2014, cuando la hija del señor Wang compró una vivienda en Gradignan, en el suroeste francés. La operación fue posible gracias a una aportación sustancial de su padre, que vendió su casa en Pekín con la idea de instalarse en Europa y pasar su jubilación cerca de ella. Sin embargo, el inmueble se escrituró exclusivamente a nombre de la hija, sin dejar constancia legal de la inversión del padre.
En enero de este año, Wang accedió a la casa aprovechando que su hija residía temporalmente en otro país y cambió las cerraduras. Creía tener derecho a hacerlo: “Había ayudado a mi hija a comprar la casa y pensé que era lo más justo”, declaró a la prensa local tras conocer la sentencia. Pero su presencia fue detectada por el sistema de videovigilancia instalado en la vivienda, lo que desencadenó una denuncia por parte de la hija.
Una decisión judicial que ignora la ayuda económica
Durante el juicio celebrado en Burdeos, el abogado del jubilado intentó sin éxito demostrar que su cliente no estaba ocupando la casa contra la voluntad de nadie, ya que la hija no residía allí de forma habitual. También solicitó una prórroga de un año antes de abandonar el inmueble, apelando a su avanzada edad y falta de recursos. Sin embargo, el tribunal fue tajante: el título de propiedad está a nombre de la hija y eso basta para justificar el desalojo. La contribución económica del padre no fue tenida en cuenta.
“La propietaria puede seguir utilizando esta dirección como su domicilio, aunque resida temporalmente en el extranjero”, afirmó el juez en su fallo, desestimando cualquier argumento relacionado con el vínculo familiar o las aportaciones económicas no documentadas.
La disputa ha provocado no solo la ruptura del vínculo familiar, sino también un perjuicio económico directo para la hija, quien tenía previsto vender la vivienda. La operación estaba prácticamente cerrada, pero los compradores se echaron atrás al descubrir que alguien residía allí sin autorización legal. “Mis compradores se retiraron cuando supieron que él vivía allí. No querían verse envueltos en un problema legal”, declaró la mujer al diario Sud Ouest.
“Viviré en la calle hasta que muera”
Mientras tanto, el señor Wang ha expresado su desesperación ante el fallo judicial. A sus 67 años, se enfrenta a un futuro incierto. “No tengo adónde ir. Viviré en la calle hasta que muera”, ha asegurado. El juzgado ha autorizado a las fuerzas del orden a ejecutar el desalojo si el hombre no abandona voluntariamente la vivienda. De momento, no consta que su defensa haya presentado recurso ni que se le haya ofrecido una alternativa de alojamiento por parte de las autoridades.
El caso ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de formalizar cualquier contribución económica en el seno familiar, especialmente cuando se trata de operaciones inmobiliarias. Aunque el deseo de ayudar a un hijo pueda parecer incuestionable, la ley no reconoce vínculos afectivos como garantía legal si no existe documentación que los respalde. Y eso, como ha demostrado este caso, puede tener consecuencias irreversibles.
Una historia que deja una lección amarga: sin papeles, no hay derechos, incluso cuando se trata de la propia familia.