El tribunal ratifica la extinción del contrato, rechazando la presunta violación de derechos sindicales y avalando la decisión de la empresa de transporte sanitario.
El Juzgado de lo Social número 2 de Guadalajara y, en última instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, han declarado procedente el despido disciplinario de un conductor de ambulancia que se detuvo 20 minutos a desayunar en una churrería con un enfermo a bordo. La sentencia confirma que la medida adoptada por la empresa es proporcional, al considerarse probado el riesgo generado para el paciente y las reiteradas faltas del empleado en otras ocasiones.
Cómo surgió el conflicto entre el conductor de ambulancia y la empresa de transporte sanitario
La controversia se originó cuando la compañía Digamar Servicios S.L., dedicada al traslado de enfermos en colaboración con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), despidió a uno de sus conductores por supuestos incumplimientos graves. Entre ellos, destacan su retraso reiterado en recoger a pacientes y la parada no autorizada para desayunar mientras un enfermo esperaba en la ambulancia. El trabajador alegó que estos hechos se debían a circunstancias ajenas a su voluntad, como problemas técnicos y enfermedades puntuales.
La relación laboral se tensó aún más tras varias reclamaciones por horas extraordinarias y modificaciones de jornada que el propio conductor, junto a otros compañeros, interpuso al entender que no se estaban respetando sus derechos laborales. Dichas reclamaciones coincidieron en el tiempo con la comunicación de despido, lo que llevó al empleado a alegar que se trataba de una represalia sindical.
Investigación interna y control de las jornadas dentro de los servicios de ambulancia
La empresa inició una investigación interna para recabar evidencias sobre los supuestos incumplimientos. Mediante informes de control de los vehículos y testimonios de compañeros, se verificó que el trabajador había incumplido horarios en repetidas ocasiones. Además, se le imputó la conducción a velocidad excesiva en un intento de recuperar el tiempo perdido por sus retrasos, alcanzando picos de 143 km/h y poniendo en riesgo la seguridad del paciente.
Por otro lado, los representantes de Digamar Servicios S.L. sostuvieron que las quejas por la gestión de los horarios, si bien habían sido presentadas por el conductor, no guardaban relación con la decisión de despedirlo. Afirmaban que el detonante fue el cúmulo de faltas y el grave perjuicio ocasionado al servicio público de salud.
El fallo judicial y los fundamentos de la sentencia que avalan la procedencia del despido disciplinario
Tras analizar los testimonios y las pruebas documentales, el Juzgado de lo Social determinó que las faltas cometidas por el trabajador se ajustaban a la calificación de infracción grave o muy grave, lo que justificaba el despido disciplinario según la legislación vigente y el convenio colectivo aplicable al sector de transporte sanitario.
El conductor recurrió la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, alegando vulneración de derechos fundamentales y argumentando persecución sindical por sus reclamaciones de horas extra. No obstante, los magistrados consideraron que no existía un vínculo probado entre la actividad sindical y la extinción del contrato. Por esta razón, ratificaron la sentencia de la instancia anterior, señalando que la conducta reiterada del empleado suponía una grave transgresión de la buena fe contractual.
Consecuencias para futuros conflictos laborales en el transporte de enfermos
La confirmación del despido disciplinario por parte del TSJ de Castilla-La Mancha sienta un precedente relevante para el sector del transporte sanitario, subrayando la importancia del estricto cumplimiento de los protocolos en el traslado de pacientes. Asimismo, refuerza la idea de que las reclamaciones sindicales deben estar claramente relacionadas con la medida disciplinaria para considerarse represalia.
En este sentido, la sentencia sirve de referencia para empresas y trabajadores a la hora de delimitar las obligaciones laborales y las posibles consecuencias de su incumplimiento, reforzando la seguridad y la protección de los enfermos durante el servicio de ambulancia.