Vendía leña de forma ilegal y cobró un millón en ayudas sociales siendo agricultor en paro

Un hombre de 60 años en Cerqueux, Francia, ocultó su actividad de venta de leña para recibir ayudas sociales. Fue condenado por fraude y trabajo encubierto.

Un agricultor de 60 años, que desde 2001 no registraba ninguna actividad profesional, fue condenado por facturar un millón de euros mediante la venta ilegal de leña para estufas. El hombre, residente en Cerqueux, Francia, recibía ayudas sociales bajo la declaración de estar sin empleo, mientras gestionaba un negocio sin declarar. Su actividad consistía en recoger madera de tierras de su hermano para venderla a través de anuncios en periódicos locales, sin registrar su actividad en el Registro Mercantil y contratando personal de forma ilegal.

La investigación sobre el agricultor comenzó al detectar movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias. Durante tres años, depositó cerca de 374.000 euros en cheques, sin justificar gastos, lo que permitió acumular más de 500.000 euros en dos cuentas bancarias. Al no declarar estos ingresos, el acusado no pagó impuestos, lo que le permitió seguir recibiendo ayudas sociales, a pesar de estar llevando a cabo una actividad económica considerablemente lucrativa.

El tribunal confirma culpabilidad por trabajo encubierto y falsificación

El Tribunal Penal de Angers juzgó al agricultor por falsificación de cheques, trabajo encubierto y no inscripción en el Registro Mercantil. En 2019, fue condenado a 18 meses de prisión suspendida y a 10 años de prohibición de gestionar negocios.

A pesar de reconocer los hechos durante el juicio, el agricultor apeló en 2024 por la cobertura del caso en los medios, alegando que la intromisión de los periodistas perjudicó sus intereses. Sin embargo, el tribunal ratificó la sentencia y confirmó la violación del secreto judicial, manteniendo la culpabilidad del acusado.

Este caso resalta la necesidad de un control más estricto sobre el acceso a ayudas sociales y la detección de fraudes relacionados con actividades económicas no registradas. La sentencia marca un precedente en la lucha contra la evasión fiscal y el abuso de los recursos públicos, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias legales de ocultar ingresos y eludir las normativas fiscales y laborales.

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