Más de 4.700 familias compuestas por personas en situación o riesgo de pobreza se han visto afectadas por la suspensión cautelar del Ingreso Mínimo Vital debido a problemas burocráticos. Desde que esta ayuda viese la luz en junio de 2020, se ha visto envuelta en toda clase de polémicas, tanto por parte de ciertos partidos políticos que la consideraban una “paguilla” hasta incluso ser criticada por algunos sectores de la población completamente ajenos y desentendidos del problema social que sufren miles de familias en nuestro país. Aunque muy beneficioso, es cierto que el Ingreso Mínimo Vital ha sufrido retrasos e impedimentos debido a problemas de gestión por parte de la Seguridad Social. Problemas a los que se suma ahora la no renovación y suspensiones masivas del certificado que acredita la situación de vulnerabilidad de los beneficiarios.
¿Por qué se han suspendido los pagos del Ingreso Mínimo Vital?
Según ha declarado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Elma Saiz, tan solo el 0,7% de las familias que reciben el Ingreso Mínimo Vital se han visto afectadas. Este dato a priori puede parecer insignificante, pero sí hacemos números, teniendo en cuenta que en España 672.000 hogares se benefician de esta ayuda, un 0,7% equivaldría a 4.700 familias, o lo que es lo mismo, alrededor de 18.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social. El organismo sostiene que el problema ya se ha resuelto en la mayoría de los casos y que, la prestación atrasada que corresponde con el mes de enero, será abonada junto con la siguiente nómina.
Los motivos alegados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la suspensión del IMV (Ingreso Mínimo Vital) son que la ley que rige este procedimiento de cobro exige la acreditación de ciertas condiciones por parte de la seguridad social. Condiciones que han sufrido un problema respecto al modo de proceder, ya que el certificado de los servicios sociales, que acredita su situación de vulnerabilidad y que debe ser renovada de forma anual, no consta por ninguna parte, incurriendo en la suspensión de la ayuda.
La Seguridad Social asume su incapacidad de gestión ante el problema
Al parecer, la Seguridad Social no puede hacer frente de forma eficaz al aluvión de solicitudes recibidas, por lo que asume su incapacidad de gestión. No sabemos si esta “incapacidad” tendrá algo que ver con el aumento de solicitudes para cobrar la prestación y que, frente a los datos de este mismo mes del año pasado, han aumentado un 25,02%. En términos generales, dese su implantación en 2020, el Ingreso Mínimo Vital ha beneficiado a cerca de un millón de hogares españoles, lo que se traduce en la protección de cerca de 3 millones de personas.
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