La nueva Prestación Universal por Crianza se prevé sin requisitos de vulnerabilidad, beneficiando a todas las familias con menores.
El Ejecutivo ha anunciado una medida que supondrá un respiro para muchas familias con hijos a cargo. El plan es incluir, en los Presupuestos Generales del Estado de 2025, una prestación de 200 euros mensuales por cada menor de 18 años. De aprobarse, supondría unos 2.400 euros al año sin necesidad de acreditar vulnerabilidad económica.
Aunque la propuesta no está aún ratificada por el Parlamento, desde el Gobierno insisten en que quieren impulsar esta ayuda para reducir las dificultades que enfrentan padres y madres ante el aumento del coste de la crianza. ¿Te interesa saber más? A continuación, te contamos todo lo que se sabe hasta ahora.
¿Quiénes pueden solicitar la Prestación Universal por Crianza de 2.400 euros al año?
Según la información facilitada, cualquier familia con hijos menores de 18 años podría optar a este incentivo, sin importar su nivel de ingresos. De ahí que se considere universal: la intención es que todos los hogares con menores puedan beneficiarse de un aporte mensual de 200 euros por hijo, cubriendo gastos de alimentación, ropa o material escolar.
Este planteamiento, promovido por el partido Sumar, se debe a la preocupación por la baja natalidad y el encarecimiento de la vida familiar. Las estadísticas muestran que muchas parejas posponen la decisión de tener hijos debido a la inseguridad económica. Por tanto, la finalidad es apoyar a los padres, contribuyendo a reducir la tasa de pobreza infantil.
Requisitos, trámites y documentación para recibir 200 euros al mes por hijo menor
El proyecto aún está en proceso de definición. No obstante, es probable que se exija la residencia legal en España y que los menores estén debidamente inscritos en el Libro de Familia. El Gobierno pretende aprobar la ayuda cuanto antes, aunque los presupuestos siguen pendientes de confirmación.
Entre la documentación que, previsiblemente, podría solicitarse para tramitar esta prestación están:
- Certificado de empadronamiento. Acredita la residencia efectiva.
- Libro de familia. Demuestra el vínculo con los hijos menores.
- DNI o NIE. Identificación de los solicitantes.
- Información económica (si fuera requerida). Aunque, de momento, no hay limitaciones de renta.
La gestión, tal y como apuntan fuentes ministeriales, se realizaría de manera preferente a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. No obstante, el Ejecutivo baraja habilitar también un canal presencial en los centros de atención e información de este organismo.
Tabla con los plazos de entrada en vigor y aprobación de esta prestación familiar para 2025
Aún no existe una fecha definitiva, ya que la aprobación depende de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el siguiente cuadro puede servir de orientación:
| Momento estimado | Acción prevista |
|---|---|
| Primer semestre de 2025 | Debate parlamentario para incluir la prestación en los PGE |
| Una vez aprobados los Presupuestos | Publicación oficial de la ayuda en el BOE e inicio de la tramitación |
| Meses posteriores | Apertura del plazo de solicitudes y cobro progresivo para las familias |
Como puede apreciarse, la intención gubernamental es poner en marcha la prestación a lo largo de 2025. De cualquier modo, la situación política puede influir en la rapidez con la que se materialice la medida, por lo que conviene mantenerse atento a los anuncios oficiales.
¿Cuándo se aprobará la nueva prestación si no hay apoyos suficientes en el Parlamento?
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y otros responsables del área social han subrayado la urgencia de agilizar la entrada en vigor de este subsidio. No descartan negociar con diferentes grupos políticos para recabar apoyos. El objetivo, en palabras de los portavoces gubernamentales, es aliviar la carga económica que soportan las familias con menores a su cargo.
Aunque la cuantía de 200 euros mensuales es la propuesta inicial, algunos expertos señalan que podrían establecerse incrementos para casos especiales, como el de familias con niños con discapacidad. En cualquier caso, la aprobación definitiva depende de la evolución de las negociaciones parlamentarias, por lo que aún habrá que esperar para conocer todos los detalles.