Pierre Miquel, el consejero delegado de la conocida empresa especializada en la entrega a domicilio de comida, Glovo, ha declarado este pasado martes ante la jueza del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona por un supuesto deleito contra los derechos de los trabajadores. El cofundador y CEO de la empresa ha justificado su intención de contratar formalmente a todos los repartidores que hasta ahora ejercían como falsos autónomos, alegando que “no es una estrategia de defensa, es una coincidencia”, según han explicado fuentes judiciales conocedoras del proceso. El procedimiento penal contra Glovo se encuentra actualmente en fase de instrucción y parte a raíz de una denuncia interpuesta por el Ministerio Público en base a una presunta comisión de delitos que incluyen posibles fraudes en la contratación. La fiscalía, por su parte, mantiene que Glovo sostuvo su modelo laboral de falsos autónomos, incluso cuando este ya fue declarado ilegal por parte del Tribunal Supremo. La denuncia refleja que los trabajadores no cobraban un sueldo acorde a las horas de trabajo realizadas y que tampoco cotizaban a la Seguridad Social.
Multas de 200 millones de euros y 6 años de cárcel: a Glovo podría salirle caro su modelo de falsos autónomos
El CEO de Glovo declara ante la jueza solo un día después de que la empresa anunciase la su intención de modificar el modelo de contratación que hasta ahora mantenía; el comúnmente denominado “falsos autónomos”: personas que mantienen una relación directa con una determinada empresa, pero aun así, no están dados de alta en la misma como trabajadores, teniendo que acarrear ellos mismos con los gastos de afiliación a la Seguridad Social. Según la compañía, esta decisión viene dada por su “firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país». El nuevo modelo de contratación de Glovo incluirá a todos los raiders que actualmente trabajan con una mochila amarilla a sus espaldas, en todas las ciudades donde este servicio está disponible. A partir de ahora, estos trabajadores gozarán de salarios fijos asegurados, vacaciones pagadas, cobertura ante accidentes laborales y cotizaciones a la Seguridad Social.
Pierre Miquel, consejero delegado, cofundador y CEO de Glovo, ya sabia a lo que se expone, de hecho, hizo caso omiso a la Ley Rider aprobada por el Gobierno de España en el año 2021. Por esta razón se enfrenta ahora a una posible pena por la comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores. Pena que ya ha costado a su empresa más de 200 millones de euros en sanciones. Pero la cosa puede ir a más, ya que en 2022, el Congreso de los Diputados aprobó una enmienda por la cual se establece que, cualquier imposición de condiciones ilegales a los trabajadores de una empresa “mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo», además de su mantenimiento «en contra de requerimiento o sanción administrativa» podría ser castigada con penas de entre 6 meses y 6 años de cárcel.
Los raiders gozarán de los mismos derechos que cualquier otro trabajador
Pese a todo: la sentencia del Tribunal Supremo, la modificación del código penal y la Ley Rider, Glovo sigue manteniendo la misma relación de trabajo con todos sus empleados, los cuales siguen estando obligados a pagarse sus propios autónomos para trabajar. Veremos como termina todo este asunto para Pierre Miquel y si finalmente deberá o no entrar en prisión. Lo que al menos está claro es que los derechos de miles de trabajadores se respetarán y esto son excelentes noticias. Si quieres estar al tanto de toda la actualidad respecto a este asunto u otros temas de interés laboral, te recomendamos seguirnos en nuestro portal digital, donde cada día te iremos informando.
