La decisión afecta de momento a un centenar de trabajadores en León y Ponferrada, pero sienta las bases para que el derecho se extienda al resto del sector de seguridad privada en España.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dado la razón a CSIF y ha condenado a Securitas Seguridad España a sufragar íntegramente las tasas de la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), la licencia de armas y los certificados médicos y psicotécnicos de sus vigilantes. La sentencia, fechada el 29 de noviembre de 2024 (n.º 2049/2024), beneficia de forma inmediata a unos 100 empleados destinados en los centros de León y Ponferrada, aunque el sindicato prevé que su alcance sea estatal.
Hasta ahora, cada profesional adelantaba unos 70 euros por estos trámites obligatorios para ejercer su labor. Con la resolución, la empresa deberá abonar las cantidades de forma directa o reintegrarlas a quienes ya las hubieran pagado.
Los antecedentes: costes asumidos durante años por los vigilantes de seguridad de Securitas en Castilla y León
El origen del conflicto reside en que la TIP, expedida por la Policía y válida diez años, y la licencia de armas (otorgada por la Guardia Civil y renovable cada cinco) son imprescindibles para prestar servicios armados. A pesar de ello, Securitas venía trasladando el desembolso a sus trabajadores, alegando que la habilitación para portar armas depende de la Administración y no de la empresa.
CSIF llevó el asunto a los tribunales. En la demanda, el sindicato defendió que los gastos forman parte de la formación y de las medidas de seguridad exigidas por ley, por lo que deben correr a cargo del empleador, tal y como sucede con el CAP de los conductores tras la sentencia del Supremo de 29 de abril de 2021.
Securitas, respaldada por su comité de empresa y los sindicatos CCOO y UGT, sostuvo que la licencia solo es necesaria en “contados casos” y negó que el servicio armado sea obligatorio para todos los vigilantes. El TSJCyL ha desestimado estos argumentos.
La formación obligatoria y la prevención de riesgos laborales
La Sala, integrada por los magistrados Emilio Álvarez Anllo, José Manuel Riesco Iglesias y María Laura Vega Pedraza, considera “palmaria” la obligación empresarial. Los jueces recuerdan que el artículo 54 del Reglamento de Seguridad Privada exige disponer de licencia C para portar armas y que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales prohíbe repercutir en el trabajador el coste de cualquier medida de seguridad.
Asimismo, la sentencia subraya que los vigilantes perciben un plus de peligrosidad cuando portan armas, lo que demuestra el beneficio directo de la empresa: solo con personal habilitado puede ofrecer servicios armados a sus clientes. El Convenio Colectivo, en su artículo 21, refuerza esta idea al considerar tiempo de trabajo efectivo la formación obligatoria, incluidos los ejercicios de tiro.
Consecuencias de la sentencia: un posible efecto dominó en toda la seguridad privada española
Pedro Poves Oñate, abogado de CSIF, celebra que el fallo emane de un Tribunal Superior de Justicia y anticipa que la compañía lo recurrirá en casación ante el Supremo. “Si el Alto Tribunal confirma el criterio, el derecho se generalizará a los más de 90 000 vigilantes del país”, afirma.
Para los expertos, la resolución apunta a un cambio de paradigma: las empresas no podrán escudarse en la titularidad administrativa del TIP o de la licencia para eludir su financiación. Además, refuerza la doctrina que carga al empleador los gastos imprescindibles para que sus plantillas desempeñen su tarea con plena habilitación y en condiciones de seguridad.
En este sentido, despachos especializados prevén que otras compañías del sector revisen de inmediato sus políticas internas para evitar litigios, mientras que los sindicatos preparan reclamaciones colectivas en otras comunidades. De prosperar, los vigilantes recuperarán cientos de miles de euros en tasas y exámenes que, hasta ahora, sufragaban de su propio bolsillo.