Denuncian que la nueva normativa del Gobierno de Madrid vulnera su autonomía y la libertad de elección de las familias
Los colegios concertados católicos de la Comunidad de Madrid han mostrado su desacuerdo ante el decreto que última el Ejecutivo regional y que eliminará el uso individual de tabletas y portátiles a partir del próximo curso. Consideran que esta restricción, calificada como “radical”, es una intromisión en su libertad pedagógica y supone un revés para la digitalización que estos centros habían impulsado incluso antes de la pandemia. “Estamos sorprendidos e indignados”, indican algunas voces de la patronal, que representa a 340 escuelas y a más de 223.000 alumnos.
Colegios católicos concertados denuncian vulneración de derechos laborales y autonomía pedagógica con la prohibición de tabletas
En su opinión, la nueva normativa atenta contra el derecho de los titulares a desarrollar sus propios proyectos educativos y, por extensión, contra la libertad de elección de las familias. ¿Te preguntas por qué ha causado tanto revuelo en los colegios concertados católicos? Los afectados entienden que, en una sociedad digital, excluir el uso formativo de estas herramientas sería dar un paso atrás en la alfabetización tecnológica y en la prevención de riesgos que también forma parte de la responsabilidad escolar.
Para aclarar los aspectos clave, aquí tienes una tabla resumida con los límites de uso de pantallas contemplados en el futuro decreto:
| Rango de edad | Tiempo máximo de uso individual de tabletas/ordenadores |
|---|---|
| 0 a 3 años | No permitido |
| 3 a 6 años | 1 hora semanal |
| 8 a 10 años | 1,5 horas semanales |
| 10 a 12 años | 2 horas semanales |
Estos topes afectan tanto a la organización de las clases como a la elaboración de tareas, ya que no se podrán imponer deberes que requieran el uso individual de pantallas en Educación Primaria.
Las nuevas restricciones tecnológicas en las aulas de Madrid inquietan a familias y docentes concertados
Los centros más digitalizados han recibido el anuncio como un jarro de agua fría. Temen que la medida, prevista para aplicarse en septiembre, les obligue a modificar metodologías, horarios y recursos, con el consiguiente impacto en su personal y en la planificación anual. Por otro lado, la Consejería de Educación defiende que el objetivo es reducir los riesgos derivados de un uso temprano o excesivo de la tecnología, sin dejar de garantizar las competencias digitales requeridas en la legislación vigente.
Los colegios concertados, especialmente los de corte religioso, insisten en que ha faltado diálogo con la Administración regional. De hecho, consideran que la decisión “vulnera su derecho a desarrollar un proyecto educativo propio” e ignora el deber legal de implementar procesos de digitalización establecido en la normativa estatal.
A modo de síntesis, estas son algunas de sus principales preocupaciones de la normativa de Ayuso:
- Cambios repentinos en la programación y contenidos digitales.
- Falta de consenso y ausencia de negociación previa.
- Posibles costes adicionales al revertir la sustitución de libros por tabletas.
- Pérdida de autonomía pedagógica frente a un decreto unificado.
Adaptación progresiva y temor a perder la libertad de elección en la educación madrileña
Aunque se contempla una moratoria hasta agosto de 2026, muchos centros consideran que se trata de una implementación apresurada. Ahora, advierten algunos docentes, resaltando que ya invertían tiempo y recursos en formar tanto al alumnado como al profesorado para el uso responsable de la tecnología.
La patronal de la enseñanza católica propone un debate más profundo, recordando que, si bien pueden entender ciertas limitaciones, no aceptan que se imponga un único modelo pedagógico sin atender a la diversidad de proyectos y métodos de enseñanza. Por ahora, se ponen a disposición de la Comunidad de Madrid y de otros agentes sociales para negociar el contenido definitivo de esta norma.