La demora en el abono de esta última parte del incremento pactado para 2024 afecta a cientos de miles de trabajadores públicos. Mientras, las organizaciones sindicales reclaman al Gobierno que convoque la mesa de negociación para un nuevo acuerdo plurianual.
El retraso de cinco meses en la subida del 0,5% a los funcionarios ha generado un profundo malestar entre los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE). Aunque la cuantía pueda parecer pequeña (unos 11 euros mensuales en el caso de una retribución promedio), los sindicatos denuncian que se trata de un compromiso asumido por el Ejecutivo y que, a estas alturas de 2024, todavía sigue pendiente de pago. Por otro lado, el Gobierno insiste en que se abonará con carácter retroactivo, pero lo supedita a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Cómo afectará la ausencia de Presupuestos Generales del Estado a la subida salarial de 2024
La falta de unas cuentas públicas aprobadas dificulta la ejecución presupuestaria y, por ende, la llegada de ese 0,5% adicional pactado en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. ¿Quiénes se ven afectados? Básicamente, todos los funcionarios de la AGE, incluidas áreas como Sanidad, Enseñanza, Justicia y Administración Local.
Sindicatos como CSIF, UGT y CCOO advierten que el retraso prolongado podría agravar el descontento y dar pie a movilizaciones masivas.
Los sindicatos urgen al Gobierno a convocar la mesa de negociación salarial
Las organizaciones sindicales subrayan que, además de cerrar definitivamente la subida pendiente, resulta prioritario abrir un nuevo proceso de negociación. El objetivo principal es garantizar un acuerdo plurianual que ofrezca seguridad económica y mejores derechos a los empleados públicos. Desde UGT se estima que la cuantía necesaria para cumplir con el 0,5% asciende a 700 millones de euros, sin contar el arrastre de tablas, aunque la cifra final depende de la categoría profesional y otros complementos específicos.
Advierten desde las centrales sindicales, pues se desea un nuevo acuerdo que abarque varios años y que incorpore el sistema de base fija y variable implantado anteriormente. Este esquema ya permitió que, en tres años, el Estado destinara unos 13.000 millones de euros en retribuciones, favoreciendo la creación de 370.000 plazas y la estabilización de más de 500.000 trabajadores.
Nuevas propuestas sindicales para la futura reforma del empleo público en España
Otra de las prioridades que se plantean es agilizar la creación y ocupación de puestos, recortando los tiempos actuales (de unos tres años) a la mitad, y reforzar la bolsa de aprobados que no hayan obtenido plaza. De ese modo, en cuanto exista una vacante, se contrataría a personal que ya ha superado los exámenes.
A continuación, se detalla una lista con algunos puntos clave que UGT y el resto de sindicatos pretenden negociar:
- Aumento de la masa salarial por encima del 5% de 2010.
- Mejora de las pagas extra, apostando por una progresividad mayor.
- Recorte de la tasa de temporalidad, con sanciones para evitar su reincidencia.
- Eliminación de la tasa de reposición para adecuar las plantillas a la realidad.
Por tanto, la meta sindical es que los empleados públicos no vean mermados sus derechos y que se cumplan los compromisos adquiridos. ¿Te interesa saber más? La principal incógnita gira en torno a la capacidad del Gobierno para acordar estas mejoras en un año marcado por incertidumbres políticas y económicas.
Tabla de referencia sobre la subida del 0,5% y su impacto estimado
A continuación, se muestra una tabla orientativa con el impacto estimado para distintas categorías de trabajadores públicos según datos manejados por los sindicatos:
| Categoría Profesional | Subida Mensual Aproximada | Impacto Anual Estimado |
|---|---|---|
| Grupo A1 | 13 – 15 euros | 156 – 180 euros |
| Grupo A2 | 12 – 14 euros | 144 – 168 euros |
| Grupo C1 | 9 – 11 euros | 108 – 132 euros |
| Grupo C2 | 7 – 9 euros | 84 – 108 euros |
Estos valores pueden variar según los complementos y la clasificación de cada puesto. Con todo, los sindicatos consideran que, independientemente del importe final, el pago debe realizarse cuanto antes para restablecer la confianza entre la Administración y sus trabajadores.