El Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, presento el pasado mes de noviembre una propuesta con la que los trabajadores podrán extinguir su relación laboral con la empresa, manteniendo su derecho a paro. Así, los empleados y empleadas que sumen tres nóminas de impago en un año, podrá dejar la empresa, sin temor a quedarse “con una mano delante y otra detrás”. Y eso no es todo, ya que además, la empresa deberá de indemnizarlos/as por despido improcedente.
En legislador fija por primera vez cuántos días de retraso en el pago de la nómina son necesarios para extinguir el contrato
La iniciativa legislativa del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, tiene el objetivo mejorar la protección de los derechos de los trabajadores. También tiene la finalidad principal de aumentar la calidad del servicio público de Justicia, simplificando los trámites, para que los juicios sean más rápidos y a la vez más justos. Y es que, hasta el momento, ningún tribunal había marcado cuantos cuántos días de retraso en el pago de la nómina son necesarios para extinguir el contrato laboral. Ahora el legislador, para terminar con las distintas interpretaciones, marca unas normas claras y aplicables de forma general.
De esta forma, el texto que se pretende de aprobar y que llevaría a una reforma del Estatuto de los Trabajadores señala “se entenderá que hay retraso cuando se supere en quince días la fecha fijada para el abono del salario, concurriendo la causa cuando se adeuden al trabajador o la trabajadora, en el período de un año, tres mensualidades completas de salario, aún no consecutivas”. Si la propuesta llega a buen fin, sería un paso más para blindar los derechos de los trabajadores, que se verán respaldados ante el impago de sus salarios, además de tener cobertura económica, pudiendo solicitar el paro.
Revuelo entre las empresas
Esta propuesta ha generado preocupación entre los empresarios, sobre todo, entre los que administran medianas y pequeñas empresas con problemas de liquidez. Y es que el sector empresarial teme que las demandas por estas situaciones aumenten, teniendo que hacer frente no solo a nuevos pagos, sino a la salida de trabajadores que se acojan a esta nueva normativa.
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