Dos copropietarios de El Molar reciben 8 meses de prisión por levantar una vivienda sin licencia en terreno rústico protegido.
La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la condena de prisión e inhabilitación impuesta a dos copropietarios de El Molar, quienes construyeron sin la debida licencia una casa prefabricada tipo ‘mobile home’ en una finca de 5.648 m² catalogada como suelo no urbanizable de especial protección. Además de la pena de prisión, se les impuso la demolición de las construcciones y una multa económica.
El caso: Construcción ilegal en suelo protegido
El conflicto comenzó entre 2014 y 2018, cuando los demandados, dos copropietarios de un terreno en El Molar, levantaron diversas estructuras en una parcela clasificada como suelo no urbanizable de especial protección por su valor agrícola y natural. A pesar de esta calificación, se construyeron varios edificios sin licencia, entre ellos una casa prefabricada sobre una base de hormigón, varias casetas y un porche, además de una piscina de PVC.
La investigación reveló que las edificaciones no solo carecían de la licencia municipal necesaria, sino que su finalidad era principalmente residencial, lo que infringe la normativa urbanística vigente.
La defensa de los acusados
Los propietarios alegaron que las construcciones eran parte de una explotación ganadera registrada en 2019, y defendieron que no estaban al tanto de la ilegalidad de su actuación. Sin embargo, tanto el Juzgado de lo Penal como la Audiencia Provincial rechazaron esta justificación. Se demostró que las edificaciones fueron construidas antes de la inscripción en el registro ganadero, y que la vivienda prefabricada se utilizaba como residencia habitual. La Audiencia también subrayó que el desconocimiento de la normativa urbanística no exime de responsabilidad, especialmente cuando los interesados pudieron haber consultado la normativa fácilmente.
El fallo judicial: Prisión, multa y demolición
La Audiencia Provincial de Madrid confirmó en enero de 2025 la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 11, que impuso una pena de 8 meses de prisión a cada uno de los copropietarios, además de una multa de 8 meses con una cuota diaria de 6 euros. También se ordenó la demolición de todas las construcciones ilegales y la inhabilitación especial para realizar actividades relacionadas con la promoción o construcción inmobiliaria durante 8 meses.
El caso destaca la importancia de contar con las licencias y la calificación urbanística adecuadas antes de realizar cualquier construcción, especialmente en terrenos clasificados como no urbanizables de especial protección. Aunque muchos propietarios en áreas rurales creen que las construcciones podrán regularizarse en el futuro, la ley es clara: en estos suelos está prohibido levantar viviendas sin la autorización pertinente.
Impacto de la sentencia y consecuencias para futuros casos
La sentencia resalta la determinación de los tribunales de aplicar la normativa urbanística con rigurosidad. La resolución de la Audiencia Provincial refuerza el mensaje de que construir en suelos no urbanizables, sin la debida autorización, no solo conlleva sanciones económicas y administrativas, sino que también puede derivar en consecuencias penales severas. Este fallo sienta un precedente que subraya la necesidad de consultar siempre la normativa antes de llevar a cabo cualquier obra, especialmente en zonas protegidas.