La Diputación de Gipuzkoa deberá pagar las costas tras el fallo del TSJPV que da la razón a trabajadoras de Kabia
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la decisión que beneficia a cuatro trabajadoras de las residencias forales de Kabia, al anular la exigencia de acreditar el euskera en 49 de las 54 plazas de consolidación de empleo. La sentencia rechaza el recurso presentado por la Diputación de Gipuzkoa, que había impugnado el fallo inicial del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián.
Origen del conflicto: El proceso de consolidación en Kabia
El conflicto comenzó en el marco de la consolidación de 54 plazas en diversas residencias de Kabia, distribuidas por localidades como Eibar, Irun, Oñati, Bergara y Tolosa. La Diputación de Gipuzkoa decidió incluir la exigencia de un perfil lingüístico en euskera para la mayoría de las plazas, lo que afectó a varios empleados que no cumplían con este requisito. Entre ellos se encontraban las cuatro trabajadoras que recurrieron la convocatoria.
Para entender mejor el contexto, es importante señalar que, en las localidades implicadas, la contratación de personal para las residencias forales se realiza a través de un proceso de consolidación de puestos. Esto implica que los trabajadores deben cumplir con los requisitos establecidos para garantizar la estabilidad laboral en sus puestos. Sin embargo, la imposición del euskera como requisito obligatorio se convirtió en una fuente de controversia, especialmente para aquellos empleados que no dominaban el idioma.
A continuación, se presenta una lista con las localidades que se vieron afectadas por este proceso de consolidación de plazas:
- Eibar
- Irun
- Oñati
- Bergara
- Tolosa
Los argumentos legales que sostienen la demanda
El abogado José Ignacio López Lera, que representa a dos de las empleadas afectadas, argumentó que la exigencia de euskera en el proceso de consolidación era desproporcionada y no respetaba los derechos de los trabajadores. Según su defensa, esta imposición no solo contravenía los principios de igualdad de oportunidades, sino que también ignoraba el marco normativo sobre el acceso al empleo público.
En este contexto, los empleados argumentaron que las normas sobre la normalización del euskera no deben prevalecer por encima del derecho constitucional a acceder a un empleo público sin discriminación. Además, subrayaron que la imposición de los niveles B-1 y B-2 de euskera no guardaba proporcionalidad con las funciones que desempeñan los trabajadores en las residencias forales.
El fallo judicial: Ratificación de la sentencia inicial
El TSJPV ha desestimado el recurso presentado por la Diputación de Gipuzkoa y ha ratificado la sentencia inicial, que declaraba desproporcionada la exigencia del euskera en la mayoría de las plazas de consolidación. La corte recalca que esta imposición vulneraba los derechos de los empleados y contradecía la normativa vigente para el acceso al empleo público.
En términos prácticos, la Diputación de Gipuzkoa deberá asumir las costas judiciales del proceso, que podrían seguir abiertos si se presenta un nuevo recurso. La resolución no solo ratifica la anulación de la convocatoria, sino que también establece un precedente para futuros casos relacionados con la exigencia del euskera en plazas de empleo público.
Comparativa con otros casos y el contexto regional
Este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que han cuestionado la imposición del euskera en el acceso a puestos públicos en el País Vasco. El TSJPV ya había anulado convocatorias similares en otros ámbitos, como la Policía Local de Irún, donde también se exigió el euskera como requisito para acceder a las plazas.
Este tipo de decisiones judiciales refuerza la idea de que la legislación sobre el empleo público debe respetar los derechos de los trabajadores, sin que la lengua se convierta en un obstáculo innecesario. En este sentido, los tribunales vascos parecen estar tomando una postura firme respecto a las barreras que puedan generar discriminación laboral por razones lingüísticas.
Consecuencias para la política lingüística en el empleo público
La ratificación del fallo por parte del TSJPV puede tener un impacto importante en las políticas lingüísticas de las administraciones públicas vascas. A través de esta sentencia, el tribunal refuerza la necesidad de que las exigencias lingüísticas sean proporcionales al tipo de puesto y al ámbito de actuación, sin vulnerar el derecho de los empleados a acceder al empleo público de manera equitativa.
A medida que se consolida este tipo de decisiones, podría abrirse la puerta a nuevas demandas que cuestionen otras convocatorias que incluyan el euskera como requisito obligatorio.
Resumen del fallo judicial
A continuación, se presenta una tabla con un resumen de los aspectos clave de la sentencia:
| Aspecto | Detalles |
|---|---|
| Número de plazas afectadas | 54 |
| Plazas con requisito de euskera | 49 |
| Trabajadoras que recurrieron | 4 (representadas por el abogado Ignacio López Lera) |
| Resolución del TSJPV | Ratificación de la sentencia inicial que anula la exigencia del euskera |
| Costas judiciales | A cargo de la Diputación de Gipuzkoa |
| Impacto | Refuerza el derecho constitucional al empleo público, sin discriminación por el euskera |
Este fallo judicial establece un precedente relevante no solo para las residencias forales, sino para otras entidades públicas que pudieran imponer requisitos lingüísticos sin considerar el principio de proporcionalidad. En adelante, será clave que las administraciones vascas revisen sus políticas para evitar futuras controversias y garantizar que el acceso al empleo público sea justo e igualitario para todos los ciudadanos.