La Junta paraliza una mejora salarial que se daba por cerrada y redirige fondos a un plan de 100 millones y 700 contrataciones para acelerar los cribados del cáncer de mama. Los sindicatos anuncian movilizaciones.
La Junta de Andalucía ha congelado la subida salarial prevista para 77.000 empleados públicos y derivará esos recursos a la crisis de los cribados del cáncer de mama. La decisión llegó tras meses de negociación y a las puertas de una firma que los sindicatos daban por hecha. UGT, CCOO y CSIF hablan de “deslealtad” y preparan un calendario de protestas.
Quiénes son los empleados públicos afectados y qué subida estaba prevista
¿A quién alcanza el frenazo? Según los sindicatos, el preacuerdo contemplaba 200 millones hasta 2030 y la recuperación de la “acción social” para los 270.000 empleados dependientes de la Junta. La mejora habría beneficiado a unos 78.000 trabajadores: 50.000 funcionarios, 27.000 de entes instrumentales y alrededor de 1.000 de Justicia.
Los negociadores de la Junta comunicaron que debían “redistribuir recursos” para priorizar la sanidad. Por lo tanto, el acuerdo quedó en el aire pese a las reuniones presenciales reanudadas en junio y a un verano de avances.
Reasignación de recursos para los cribados de cáncer y contratación sanitaria
El consejero de Presidencia y nuevo responsable de Salud, Antonio Sanz, anunció una inversión extra de 100 millones y hasta 700 contrataciones para acelerar las mamografías. Hacienda precisó que el dinero saldrá de partidas “sin ejecutar” del Presupuesto vigente, sin detallar cuáles.
Tras el anuncio, los sindicatos del sector sanitario alertan de la dificultad para encontrar personal cualificado. En consecuencia, la efectividad del plan depende de esas incorporaciones.
Calendario de negociaciones con los sindicatos y amenaza de movilizaciones
Los sindicatos afirman que “por dos veces (el viernes pasado y el 2 de octubre) la administración se ha levantado de la mesa”. Si esta semana no hay respuesta, habrá movilizaciones. SAF, por su parte, sostiene que el choque por el personal laboral no debería afectar a los funcionarios y asegura que la Mesa Sectorial sigue abierta.
La Consejería insiste en su voluntad negociadora y apela al “diálogo leal y fructífero” y a la “búsqueda del consenso”, priorizando “sanidad, educación y dependencia”. ¿Habrá margen para recomponer la confianza?
Desarrollo de la Ley de Función Pública y dudas presupuestarias existentes
El frenazo detiene el despliegue de la Ley de Función Pública (junio de 2023), que la Junta quiere usar para modernizar la Administración: carrera horizontal ligada a evaluación del desempeño y un impulso al teletrabajo que los sindicatos consideran insuficiente. “El nuevo modelo conlleva una nueva exigencia a los funcionarios que hay que retribuir”, subraya CSIF.
Sobre la base del preacuerdo y su marco hasta 2030, debían abrirse mesas sectoriales y de convenios (congelados más de 20 años). Los sindicatos advierten de pérdida de poder adquisitivo y de talento. Por otro lado, fuentes consultadas consideran “trampa” justificar la reasignación solo en los cribados.
¿Y ahora qué? La Junta afirma que la negociación “sigue abierta”, pero el conflicto ya está servido.