El Ministerio trabaja en el real decreto de jubilación reversible y compatibilidad empleo‑pensión, y se abre a la jubilación flexible en el sector público. UGT reclama una norma transitoria para aplicarla ya en administraciones rezagadas.
La Seguridad Social afina el proyecto de real decreto que desarrollará la nueva jubilación reversible y la compatibilidad de la pensión contributiva con un trabajo, tras recoger propuestas de patronal, asociaciones de autónomos y sindicatos. En este marco, el Ministerio se abre a la jubilación flexible en el empleo público y a hacer efectiva la jubilación parcial para personal de comunidades autónomas, corporaciones locales y diputaciones.
Quién puede acceder a la jubilación parcial de funcionarios y cuándo podría activarse
A instancias de los sindicatos, el Ministerio acepta estudiar una de sus demandas históricas: que el personal de comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones pueda ejercer la jubilación parcial. UGT ha pedido una «norma transitoria para permitir que en las Administraciones Públicas rezagadas se pueda ejercer el derecho a la jubilación parcial». Según fuentes sindicales, «el Ministerio nos ha dicho que va a iniciar las gestiones para ello».
¿A quién impactaría de forma más inmediata? Entre las plantillas funcionariales de estos niveles existe un elevado número de empleados de 60 a 64 años. De hecho, hasta un 30% podría acogerse a esta modalidad flexible. Navarra ya lo ha resuelto para sus funcionarios, y ahora la Seguridad Social estaría dispuesta a considerarlo a nivel general. No es poca cosa.
Antes de entrar en detalle, conviene tener claras las claves que se negocian:
- Rebajar requisitos para compatibilizar pensión de jubilación con trabajo autónomo y mejorar la pensión al menos un 20%; crear un instrumento de retorno al mercado tras una jubilación total sin renunciar a parte de la pensión; abrir la jubilación flexible para empleados públicos; hacer efectiva la jubilación parcial en CCAA, corporaciones locales y diputaciones con una «norma transitoria» en administraciones rezagadas; y valorar que las cotizaciones cuenten para recalcular la pensión de jubilados forzosos (por despido o expediente de extinción), no para otras prejubilaciones.
En resumen, se trata de ampliar opciones sin merma de derechos, siempre dentro del marco que fije el real decreto.
Procedimiento y documentación para solicitar la jubilación flexible en Administraciones Públicas
El procedimiento se concretará en el proyecto de real decreto y, en su caso, en la norma transitoria solicitada por los sindicatos. Hasta su aprobación, no hay fechas, trámites ni documentación oficiales. ¿Cuándo arrancaría? Dependerá de esas gestiones anunciadas por el Ministerio y de la tramitación normativa correspondiente.
A continuación, un resumen de la situación por colectivos y medidas en estudio:
Colectivo | Medida | Estado |
---|---|---|
Funcionariado de CCAA, entidades locales y diputaciones | Jubilación parcial | En estudio; UGT pide «norma transitoria» para aplicarla en administraciones rezagadas |
Empleados públicos en general | Jubilación flexible | Apertura del Ministerio a aprobarla |
Autónomos con pensión contributiva | Compatibilidad empleo‑pensión con mejora de al menos el 20% | En estudio para rebajar requisitos |
Jubilados forzosos (anticipados por despido o expediente de extinción) | Contar cotizaciones para recalcular la pensión | Abierto a valorar; no se extiende al resto de prejubilaciones |
Funcionarios de Navarra | Acceso a jubilación flexible | Ya resuelto por esa comunidad |
Este mapa sirve de guía mientras se definen los detalles finales en la mesa de diálogo social.
Compatibilidad de pensión de jubilación con trabajo autónomo y retorno laboral
El Ministerio estudiará rebajar los requisitos para compatibilizar la pensión con un trabajo por cuenta propia, con una mejora de la pensión de al menos el 20%. Además, se baraja un instrumento de retorno al mercado de trabajo tras una jubilación total, sin tener que renunciar a parte de la pensión. ¿Qué supondría? Más flexibilidad para quienes desean seguir activos o reingresar en el empleo sin penalizaciones innecesarias. Ojo, porque el impacto podría ser amplio si hasta un 30% de las plantillas públicas se acoge a estas fórmulas.