La Junta autoriza 9.450 nuevas plazas privadas frente a 2.588 públicas. Uno de cada tres alumnos paga por estudiar y más de 30.000 se quedaron sin plaza en la primera adjudicación.
En Andalucía, estudiar FP deja de ser un derecho garantizado para pasar a un filtro económico. Según los datos aportados, la oferta privada triplica a la pública y, desde 2019, crece más de un 100% en la privada frente al 23% en la pública. ¿El resultado? Quien puede pagar, estudia; quien no, queda fuera.
Quiénes pueden estudiar Formación Profesional pública en Andalucía y por qué está en riesgo
La Junta está trasladando el peso del sistema al sector privado, en un modelo inspirado en el de Madrid: menos plazas públicas y más negocio educativo. Uno de cada tres estudiantes de FP ya paga por algo que debería ser público y gratuito. Las nuevas plazas se concentran en grados superiores con alta empleabilidad (Sanidad, Informática, Deporte o Administración), pero con matrículas entre 4.000 y 9.000 euros anuales, inasumibles para muchas familias. ¿De verdad el esfuerzo y la vocación pesan más que la cuenta corriente?
Procedimiento de acceso a la FP pública, obstáculos crecientes y quién interviene
En la primera adjudicación, más de 30.000 personas no obtuvieron plaza. En provincias como Sevilla, Málaga o Cádiz, hay ciclos con más de 5.000 solicitudes para menos de 300 plazas. En lugar de abrir grupos, se cierran aulas y se eliminan ciclos, especialmente en la modalidad a distancia, clave para quienes compaginan trabajo y estudio. ¿Qué opciones les quedan? Muchos acuden a la privada, si pueden pagarla; si no, toca esperar, cambiar de provincia o renunciar.
Además, los institutos públicos sufren falta de profesorado, recursos e incluso personal administrativo. Los inspectores alertan de un crecimiento privado “a costa del vaciado de la pública”. Paralelamente, el sector privado amplía su red con apoyo institucional, licencias rápidas y sin exigencias claras de calidad.
Las principales consecuencias que se describen son:
- Desigualdad en el acceso: “acceden quienes pueden pagarlo”.
- Desigualdad académica: notas más altas en la privada y ventaja para entrar en la universidad desde FP.
- Prácticas en empresas: los convenios se concentran en centros privados, bloqueando titulaciones en la pública.
- Deterioro laboral del profesorado técnico: contratos inestables, burocracia y falta de coordinación denunciada por CSIF.
Por otro lado, USTEA, CCOO, UGT y CSIF denuncian una estrategia de desmantelamiento que empuja a las familias a endeudarse. Mientras, el Gobierno de España ha destinado más de 7.000 millones desde 2018 a la FP, con 224 millones transferidos a Andalucía, pero la Junta (según se expone) ha boicoteado la nueva Ley de FP y orientado el crecimiento hacia lo privado. Andalucía está en una encrucijada: ¿queremos una educación que emancipa o una que segrega?