Miles de estudiantes se ven obligados a pagar entre 3.000 y 9.000 euros para cursar los ciclos que desean ante la falta de plazas públicas, según un informe de Comisiones Obreras.
La Formación Profesional vive una auténtica explosión en España: en seis cursos ha ganado 344.073 alumnos, un 41% más, hasta alcanzar 1.181.272 estudiantes. Pero, junto a este éxito, crece una cara menos amable: la expansión de la FP privada avanza más del doble de rápido que la pública y deja fuera a quienes no pueden asumir esos pagos.
La explosión de la FP aumenta la demanda mientras la red privada crece 2,3 veces más que la pública
En el curso 2018-2019, la FP pública concentraba 600.113 alumnos, el 72% del total, frente a 237.086 en la privada, un 28%. Seis años después, la pública ha pasado a 780.338 estudiantes y la privada a 400.934, cambiando el reparto al 66% y 34% respectivamente. ¿Qué ocurre cuando la red pública no acompaña el ritmo de la demanda en estudios con mejores expectativas de empleo y salario?
Pese a la inversión de 748 millones de euros para crear nuevas plazas públicas, el alumnado de estos centros ha crecido un 30%, mientras que en la red privada lo ha hecho un 69%, es decir, 2,3 veces más rápido. El gran acelerador ha sido la FP a distancia: la privada ha aumentado un 324% hasta los 128.971 alumnos, superando a la pública, que suma 94.329 tras crecer un 65%. Comisiones Obreras alerta de que, en parte de la oferta privada a distancia, no se cumplen estándares de tutoría, evaluación, presencialidad en prácticas y transparencia, y reclama un programa de inspección pública real.
Grandes diferencias territoriales en la presencia de FP privada presencial entre comunidades autónomas
La penetración de la FP privada presencial varía mucho según la comunidad, con diferencias de hasta 35 puntos. En algunos territorios, el acceso parece depender casi del código postal, lo que complica la vida a más de una familia.
| Comunidad autónoma | Porcentaje de alumnado en FP privada presencial |
|---|---|
| Euskadi | 44% |
| Madrid | 38% |
| Aragón | 36% |
| Cataluña | 35,6% |
| Canarias | 9% |
| Castilla-La Mancha | 12% |
| Extremadura | 14% |
| Navarra | 18% |
| Media España | 28,4% |
En Madrid y Cataluña, la falta de plazas públicas en ciclos de alta empleabilidad deriva de forma sistemática al alumnado hacia centros privados, encareciendo el acceso y consolidando una selección por renta. En Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura o Galicia, los problemas se relacionan con la baja densidad empresarial y la dispersión territorial, que dificultan las prácticas y el acceso efectivo a determinados ciclos fuera de las capitales. Además, en la FP privada a distancia casi el 80% de la matrícula se concentra en Cataluña y Madrid, lo que deja cifras muy bajas en otras autonomías e incluso cuatro sin ningún alumno registrado.
Titulaciones sanitarias y tecnológicas se convierten en filón para la FP privada y encarecen los estudios
El sindicato identifica ocho ciclos donde la oferta pública es claramente insuficiente o inexistente en algunos territorios. Son, sobre todo, titulaciones sanitarias y tecnológicas, que la red privada ha convertido en auténtico filón. Quien no puede pagar, a menudo tiene que abandonar ese itinerario formativo. ¿Cómo afecta esto a las clases trabajadoras y a la juventud con menos recursos?
- Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear
- Radioterapia y Dosimetría
- Higiene Bucodental
- Anatomía Patológica
- Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
- Desarrollo de Aplicaciones Web
- Educación Infantil
- Integración Social
Tras estas cifras hay nombres propios. Jóvenes como Alejandro Gutiérrez y Javier Barreda, que cursan un grado medio de informática en un centro privado de Madrid y pagan 7.200 euros por dos años, aunque con beca abonan la mitad, reconocen que habrían elegido la opción pública, más barata y cercana, si hubieran tenido plaza. Raúl González, estudiante de Desarrollo de Aplicaciones Web, paga 300 euros al mes, unos 7.200 euros por los dos años, después de encontrarse sin ninguna vacante en la red pública. Y Jeremías R., que llegó desde Argentina para estudiar Imagen para el Diagnóstico, afronta 780 euros mensuales, 18.720 por dos años, y denuncia la falta de convenios de prácticas que les habían prometido, que ahora tienen que buscar por su cuenta con la ayuda de una profesora.
Ante este escenario, Comisiones Obreras propone un plan estatal y autonómico para ampliar la FP pública con financiación plurianual, priorizando centros de alta demanda y territorios con mayor privatización o listas de espera. También plantea fijar ratios máximas de alumnos por tutor en ambas redes, reforzar la inspección para garantizar la calidad en la privada, crear un sistema integrado de datos sobre plazas, demanda, abandonos e inserción laboral, y poner en marcha un registro público único de centros autorizados, que obligue a acreditar plantilla, equipamientos y tutoría de prácticas, con un sistema que asegure la trazabilidad de las mismas. Suena a mucho trabajo, pero sin estas medidas la balanza parece inclinarse cada vez más hacia quien puede pagar.
