ISDIN basó el despido disciplinario en supuestas irregularidades en los reportes horarios detectadas tras contratar a un detective privado. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declaró el cese improcedente y fijó una indemnización de 118.256,51 euros.
El trabajador, con una larga trayectoria en la empresa, fue cesado por transgresión de la buena fe contractual, indisciplina y disminución del rendimiento. Sin embargo, la Justicia concluyó que no existía un incumplimiento grave ni una causa suficiente para justificar la medida.
El conflicto laboral en ISDIN tras la baja médica y la reincorporación
El caso se sitúa en un terreno delicado: las ausencias por enfermedad prolongada pueden incrementar el control empresarial sobre la actividad, mientras que la medición del desempeño no siempre resulta sencilla. En esta ocasión, el empleado había empezado a trabajar en ISDIN en diciembre de 2003 y recibió reconocimientos por su desempeño en dos ocasiones, la última en 2023.
En diciembre de 2023 fue diagnosticado con una patología hepatobiliar que requirió intervención médica. Tras una operación en enero de 2024, se reincorporó de forma total el 19 de marzo de 2024.
La empresa contrata un detective privado y cuestiona los reportes horarios
Después de su vuelta, la compañía sostuvo que existían irregularidades en su jornada y encargó una vigilancia para recabar pruebas. Uno de los hechos señalados se produjo el 13 de mayo de 2024, cuando el trabajador estuvo en el Hospital Meixoeiro desde la una y media de la tarde hasta las tres, poco más de noventa minutos, aunque en su registro anotó visitas desde las nueve y media.
Al día siguiente, 14 de mayo de 2024, participó en una reunión de poco más de cuarenta minutos, pero reportó once visitas y un ticket de comida. La empresa interpretó estos datos como indicios de bajo rendimiento.
El TSXG confirma la improcedencia y fija una indemnización de 118.256 euros
El 27 de junio de 2024, ISDIN comunicó el despido disciplinario. El trabajador impugnó la decisión ante el Juzgado de lo Social de Pontevedra, defendiendo que las visitas médicas eran reales y que su productividad no estaba acreditada como insuficiente.
En su resolución, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmó la improcedencia del despido. Consideró que no se probó un incumplimiento grave ni una causa bastante para un despido disciplinario, y también valoró la trayectoria positiva del empleado y sus premios por desempeño y productividad.
La sentencia fijó la indemnización en 118.256,51 euros y refuerza la importancia de contar con pruebas objetivas y actuar con proporcionalidad cuando se cuestiona la jornada o el rendimiento. Además, sirve de advertencia sobre los riesgos de tomar decisiones sin fundamentos sólidos.
