El absentismo laboral ya supone el 8,1% del PIB, más de 128.668 millones de euros, y se consolida como un freno estructural a la productividad y al sistema de protección social
España alcanzó en 2025 un máximo histórico de ocupación, con 22,4 millones de personas trabajando. Sin embargo, las horas efectivamente trabajadas no crecen al mismo ritmo y se ha abierto lo que el Foro Regulación Inteligente (FRI) describe como un desacople entre empleo y productividad, con el absentismo laboral como uno de los factores más preocupantes.
España alcanza récord de empleo, pero pierde horas trabajadas y productividad
Desde 2019, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo han aumentado un 14%, mientras que las horas trabajadas solo lo han hecho un 11%. ¿Qué está pasando para que haya más personas ocupadas pero menos horas efectivas?
El porcentaje de ocupados que no trabajaron en la semana de referencia ha pasado del 5,5% en 2019 al 8,8% en 2025. Es decir, el absentismo ha dejado de ser algo puntual para convertirse en una característica estructural del mercado laboral español.
Las ausencias por enfermedad, accidente o incapacidad temporal se han incrementado un 53% entre 2019 y 2025. Cada trabajador pasó de ausentarse una media de 80 horas al año en 2019 a 114,6 horas en 2024. Además, el peso de las horas no trabajadas por causas distintas a las vacaciones ha crecido del 4,8% al 6,7%, y nueve de cada diez horas perdidas se justifican por motivos médicos, en un contexto de envejecimiento de la población ocupada y bajas más largas.
Cada día, casi 1,6 millones de trabajadores no acuden a su puesto, una cifra que se eleva a 1,66 millones cuando se calculan los costes de oportunidad. La cosa no queda ahí: el impacto se nota en la productividad, en la organización de las empresas y en la sostenibilidad del sistema de protección social.
El absentismo laboral se consolida como un problema estructural y costoso
Las diferencias territoriales son significativas y se vinculan a la estructura productiva de cada comunidad. Cantabria registra la mayor tasa de absentismo (9,2%), seguida de Canarias (8,8%) y el País Vasco (8,6%). En el lado contrario se sitúan Baleares (5,5%), La Rioja (6,1%) y la Comunidad de Madrid (6,1%), donde el mayor peso del empleo cualificado y la menor exposición física reducen las ausencias.
Por sectores, el absentismo se concentra en actividades con alta exigencia física y fuerte presión organizativa. Destacan especialmente:
- Servicios de limpieza, con una tasa del 10,7%
- Recogida y tratamiento de residuos, con un 9,6%
- Cuidados en residencias, con un 9,2%
No es difícil imaginar lo que implica para estos servicios esenciales trabajar con plantillas mermadas y con elevada rotación de bajas y sustituciones.
Comunidades, sectores y costes del absentismo que amenazan la protección social
El debate público suele centrarse en los costes directos de las bajas médicas, asumidos por empresas y Seguridad Social, que en 2024 alcanzaron los 28.969 millones de euros, el 1,82% del PIB. Sin embargo, el informe del FRI subraya que esta es solo una parte del problema, ya que existen importantes costes indirectos ligados a pérdida de productividad, retrasos, reorganizaciones internas, sobrecarga del personal y contratación y formación de sustitutos. La siguiente tabla resume las principales magnitudes económicas del absentismo:
| Concepto | Importe (millones de euros) |
| Pagos directos por bajas médicas (2024) | 28.969 |
| Coste de oportunidad de producción no generada | 130.534 |
| Pérdida neta de producción tras sustituciones | 71.533 |
| Costes de sustitución (duplicación de gastos laborales) | 28.166 |
| Coste total del absentismo (8,1% del PIB) | 128.668,7 |
En conjunto, el coste total del absentismo se eleva a 128.668,7 millones de euros, una cifra comparable al presupuesto nacional de educación y superior a la inversión pública anual. Para las Administraciones Públicas, la incapacidad temporal supone además una carga directa superior a los 15.000 millones anuales. Si se suman los costes empresariales, el gasto por bajas médicas equivale a cerca de una cuarta parte de la recaudación autonómica por IRPF o casi un tercio del gasto sanitario de las comunidades autónomas.
A este escenario se suma el debate sobre el fraude en las bajas. Diversos estudios y organismos han señalado que una parte de las incapacidades temporales no tendría justificación médica suficiente. Aunque se trate de una minoría, su impacto económico y social se ve agravado por un marco legal que dificulta determinadas actuaciones de control, según el análisis del FRI.
Los expertos coinciden en la necesidad de un enfoque integral y de largo plazo. Cada punto porcentual de absentismo supone miles de millones de euros y millones de horas de trabajo perdidas, con efectos directos sobre la productividad y la sostenibilidad del sistema de protección social. La pregunta final es clara: ¿puede España permitirse mirar hacia otro lado?
