Las patronales alertan de costes formativos y burocracia por la enmienda de Junts a la Ley de Atención a la Clientela, que exigiría responder en la misma lengua cooficial usada por el cliente.
El acuerdo de Junts con el Gobierno para “blindar” el catalán en la atención al cliente ha encendido las alarmas en el tejido empresarial. La enmienda al proyecto de Ley de Atención a la Clientela obligaría a las grandes compañías a responder en la misma lengua cooficial empleada por el usuario. ¿Qué supondría para su día a día?
Obligación de atender en catalán para grandes empresas según la Ley de Atención a la Clientela
La propuesta fija que, en empresas con más de 250 trabajadores o más de 50 millones de euros de facturación, los empleados atiendan consultas, quejas o reclamaciones en la misma lengua del cliente (catalán u otra cooficial), tanto de forma verbal como escrita. Además, prevé formación obligatoria en lenguas cooficiales y sustituye la exigencia original de responder “como mínimo en castellano”.
A continuación, los puntos clave conocidos de la enmienda:
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Empresas afectadas | Plantillas de más de 250 personas o facturación superior a 50 millones de euros |
| Idioma de respuesta | Misma lengua utilizada por el cliente (catalán u otra cooficial) |
| Alcance de la atención | Consultas, quejas y reclamaciones, por escrito y verbalmente |
| Formación | Obligatoria en lenguas cooficiales para las plantillas |
| Sectores citados | Eléctricas, gas, agua, telefónicas, aeronáuticas, transporte, postales, plataformas audiovisuales, financieras y aseguradoras |
| Cambio respecto al borrador | Sustituye el “como mínimo en castellano” por responder “en la misma lengua” |
Queda por concretar el texto definitivo y el alcance práctico de la obligación, algo decisivo para su aplicación real.
Patronales como CEOE y Cámara alertan de costes y pérdida de competitividad
CEOE y la Cámara de Comercio de España expresan preocupación por el aumento de burocracia y costes operativos, especialmente los derivados de la formación. Aseguran que muchas empresas ya atienden en lenguas cooficiales en sus territorios, pero extenderlo a toda España podría mermar la competitividad. ¿Se estaría elevando la carga administrativa en un contexto de desaceleración?
Principales reacciones empresariales:
- CEOE: advierte de más burocracia y de una “pérdida de competitividad”.
- Cámara de España: ve incremento extraordinario de costes si se extiende a todo el país.
- CEIM (Madrid): rechaza la propuesta: “Es inaceptable que se introduzca la política en las iniciativas empresariales”.
- CEA (Andalucía): critica que la intervención sea “a costa de las empresas” y que “últimamente la política es págalo tú”.
- CAEB (Baleares): habituados al uso de varias lenguas, piden evitar “injerencias partidistas”.
- DigitalES: respalda mejoras de atención, pero alerta de efectos contraproducentes.
Por otro lado, patronales autonómicas de territorios con lengua cooficial (CEV, CEG, Foment del Treball y Confebask) no han realizado valoraciones por el momento. Dicho y hecho: el debate ya está servido.
Quiénes están afectados, sectores implicados y cómo sería la formación obligatoria
La obligación recaería sobre grandes compañías de sectores regulados y de servicios esenciales. El partido impulsor indica que los trabajadores deben “conocer el catalán” para respetar los derechos lingüísticos, previendo formación de plantillas. ¿Habrá excepciones, fases o umbrales operativos? Esa letra pequeña aún no se ha detallado.
En telecomunicaciones, DigitalES subraya que sus empresas “ya garantizan los derechos lingüísticos de los ciudadanos a través de distintos canales de atención, sin que sea necesario formar a la totalidad del personal en todas las lenguas cooficiales”. La clave será cómo se concrete la obligación para no degradar la calidad del servicio ni disparar costes.