Angelo Menapace cobró 280 euros por trabajar 30 horas y el INPS le sancionó por la ‘Cuota 100’. El debate ha llegado al Tribunal Constitucional de Italia tras la petición del Tribunal de Rávena. El caso gira en torno a una interpretación que podía implicar la “pérdida de la totalidad del año de pensión” cuando un jubilado vuelve al entorno laboral.
El caso de Angelo Menapace y la sanción del INPS por la ‘Cuota 100’
Según los hechos, Menapace, panadero jubilado, ayudó en una pescadería durante exactamente 30 horas a lo largo de un mes. Por ese trabajo, ganó 280 euros. Tras descubrirlo, el Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le impuso una multa de 19.000 euros por la ‘Cuota 100’, una medida temporal de jubilación anticipada vigente aproximadamente desde 2019 hasta finales de 2021.
El fallo judicial del Tribunal de Casación y la intervención del Constitucional italiano
Como era de esperar, el pensionista llevó el asunto a los tribunales. Su abogado, Giovanni Guarini, explicó que la sanción suponía que, si una persona jubilada bajo la ‘Cuota 100’ se incorpora de alguna manera al entorno laboral, pierde la totalidad de la pensión.
La Corte Constitucional intervino a petición del Tribunal de Rávena, que había declarado inconstitucional la interpretación del Tribunal de Casación por permitir una sanción aunque no esté prevista por ley. “El Tribunal de Rávena argumenta que es inconstitucional porque priva a los pensionistas de los medios mínimos de subsistencia”, señaló Guarini.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional consideró la cuestión “inadmisible”, porque la sentencia del Tribunal de Casación no excluye que puedan valorarse otras interpretaciones conformes con la Constitución. Además, Guarini recordó que “Incluso después de la sentencia del Tribunal Supremo, hubo sentencias de jueces de primera instancia que no la tuvieron en cuenta”, citando al Tribunal de Apelación de Trento y al Tribunal de Rovereto.
Comparativa con España: el INSS y los pleitos por compatibilidad entre pensión y trabajo
El documento también apunta a situaciones similares en España, donde el Instituto de la Seguridad Social (INSS) mantiene una normativa estricta. En estos casos, las resoluciones suelen basarse en que la actividad no fue comunicada o en que el trabajo no era compatible con el régimen de pensión.
Se menciona el caso de un jubilado que impartía clases particulares “esporádicas” en Clases Pasivas y, a la vez, trabajaba como autónomo mientras cobraba una pensión por incapacidad permanente. Tras ser descubierto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le exigió devolver 58.678,38 euros.
Impacto de la sentencia para otros jubilados en situaciones parecidas
La decisión del Tribunal Constitucional se presenta como un precedente relevante. En palabras del abogado, aporta “esperanza a los jubilados” porque “Si un juez considera que la ley puede interpretarse de forma coherente con la Constitución, puede hacerlo de ahora en adelante”.
