Las ayudas a centros especiales de empleo cuentan con 8,5 millones de euros y financian costes salariales del último trimestre de 2026.
Castilla y León activa el 6 de noviembre las ayudas a centros especiales de empleo para financiar salarios de trabajadores con discapacidad. La orden se firmó el 2 de noviembre y su extracto se publicó en el BOCYL del día 5. La cobertura oscila entre el 40 % y el 60 % del salario mínimo interprofesional, según el contrato y las circunstancias personales. Las solicitudes de los costes de octubre pueden presentarse hasta el 30 de noviembre.
Qué entidades pueden pedir las ayudas a centros especiales de empleo
Pueden solicitarlas los centros inscritos en el registro autonómico que desarrollen su actividad en Castilla y León. Deben mantener el porcentaje mínimo de trabajadores con discapacidad exigido legalmente durante el periodo subvencionado. También deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y cumplir las restantes condiciones de acceso. La entidad empleadora recibe la subvención para sostener esos puestos. El trabajador no presenta una solicitud individual para cobrar directamente el porcentaje anunciado en esta convocatoria.
La tramitación es exclusivamente electrónica y exige acreditar la representación cuando actúe otra persona en nombre del centro. Para preparar el acceso puede consultarse la guía sobre cómo instalar el certificado digital. Después habrá que utilizar una identificación admitida por la sede autonómica y el formulario normalizado correspondiente. Los centros obligados a disponer de un plan de igualdad deben tenerlo inscrito. Además, determinadas entidades con ánimo de lucro deben acreditar el cumplimiento de los plazos de pago si solicitan más de 30.000 euros.
Los porcentajes cambian con el contrato y el grado de discapacidad
El primer grupo incluye discapacidad física o sensorial del 33 % a menos del 65 %. La ayuda alcanza el 50 % del SMI con contrato indefinido. Si el contrato es temporal, baja al 40 %. El segundo grupo reúne a quienes presentan mayores dificultades de acceso al empleo. Incluye parálisis cerebral, trastorno de salud mental, discapacidad intelectual o autismo, con un grado reconocido de al menos el 33 %. También comprende discapacidad física o sensorial igual o superior al 65 %.
En ese segundo grupo, la cobertura del contrato indefinido alcanza el 55 % del SMI. Aumenta al 60 % cuando la persona es mujer o tiene más de 45 años. Para los contratos temporales, el porcentaje es del 50 % en todos los casos de este grupo. La edad, discapacidad y modalidad contractual se valoran según la situación del primer día del mes subvencionado. La orden completa también reconoce determinadas situaciones de pensionistas como discapacidad a estos efectos.
Qué salarios cubre la convocatoria y cómo se calcula la ayuda
El periodo financiable comprende los puestos ocupados entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026. El cálculo utiliza los días efectivamente trabajados y considera cada mes equivalente a treinta días. También admite la parte correspondiente a dos pagas extraordinarias, las vacaciones y los descansos retribuidos y cotizados. Los contratos a tiempo parcial reducen proporcionalmente la ayuda. Por tanto, un porcentaje elevado no garantiza que el centro cobre esa misma proporción sobre una mensualidad completa en cualquier situación.
Quedan fuera del cálculo la incapacidad temporal, los permisos sin sueldo, el absentismo y las suspensiones laborales previstas en la orden. La entidad debe separar esos periodos al preparar la relación mensual de trabajadores y costes. El presupuesto global asciende a 8,5 millones de euros, con cargo a 2027 y condicionado a la disponibilidad de crédito. La concesión es directa. Puede coexistir con otras ayudas compatibles, siempre que la financiación conjunta respete los límites aplicables y no supere el coste subvencionado.
Los expedientes se presentan mes a mes con nóminas y justificantes
La regla general permite solicitar cada mensualidad durante el mes siguiente. Octubre cuenta con un plazo específico, desde el 6 hasta el 30 de noviembre. Los costes de noviembre se tramitan en diciembre y los de diciembre, en enero de 2027. La presentación se realiza en la sede de tramitación de Castilla y León. Si una entidad entrega la solicitud presencialmente, deberá subsanar por vía electrónica. A efectos del plazo, contará la fecha de esa presentación electrónica, no la primera entrega en papel.
El expediente exige la relación nominal de trabajadores, documentación sobre discapacidad y alta, nóminas y pruebas de pago, además de las cotizaciones correspondientes. Las nuevas incorporaciones requieren acreditar sus contratos. La Oficina Territorial de Trabajo competente tramitará la petición según la provincia del centro. El plazo máximo para resolver es de seis meses y el silencio tiene efecto desestimatorio. El pago se realizará tras la resolución, conforme a las condiciones de justificación.
