La Sala estima parcialmente el recurso de un funcionario, reconoce «una degradación de funciones y retribuciones» y fija en 31.000 euros la indemnización por daños morales; el alcalde queda absuelto.
Borja (nombre ficticio), funcionario del Ayuntamiento de Laguardia desde el 13 de mayo de 2022, consiguió que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) reconociera el acoso laboral que padecía y que le generó un cuadro de ansiedad. El alto tribunal condena al Consistorio a abonar 31.000 euros por daños morales y confirma la absolución del alcalde.
El caso de acoso laboral en el Ayuntamiento de Laguardia y su origen
En 2023, el trabajador promovió un procedimiento contencioso‑administrativo «para salvaguardar sus intereses salariales» ante el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo nº 1 de Vitoria‑Gasteiz. La sentencia, de 21 de junio de 2023, le dio la razón.
A partir de entonces, el funcionario dejó de ser «anónimo» en la administración, según recoge ahora el TSJPV, abriéndose un debate interno sobre «la recurribilidad de la sentencia, o su acatamiento directo». En ese contexto se llegó a oír en el Consistorio: «Sólo quiere ganar dinero».
«Se denunciaron una serie de hostigamientos, desde no pagarle un complemento económico, el vaciamiento de funciones, intento de la corporación municipal de no cumplir una sentencia condenatoria previa de un juzgado de lo contencioso, etc. El alcalde, del PNV, pretendía, en definitiva, que se fuera el funcionario, habilitado nacional», explican fuentes jurídicas del caso a Confilegal. La situación se agravó «hasta el punto de exigir para la cobertura del puesto saber vasco. Y, cuando el secretario le mandaba correos en vasco, el alcalde pedía que le escribiera en castellano».
Decisiones del Juzgado de lo Social y recurso ante el TSJPV vasco
El conflicto llegó al Juzgado de lo Social nº 1 de Vitoria, que desestimó la demanda del trabajador contra el Ayuntamiento y contra el alcalde, Raúl García Ezquerro.
Frente a ese fallo, la defensa del funcionario (llevada por el abogado Juan Antonio Frago Armada, del despacho Frago & Suárez) interpuso recurso de suplicación ante el TSJPV. La Sala, integrada por los magistrados Florentino Eguaras Mendiri (presidente en funciones y ponente), Maite Alejandro Aranzamendi y Juan Carlos Benito‑Butron Ochoa, dictó la sentencia 1991/2025 estimando parcialmente sus pretensiones.
Fundamentos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre acoso
El TSJPV declara que existió «una degradación de funciones y retribuciones» y que «sí ha existido un ambiente hostil que rebasa los simples conflictos de trabajador y empresario». Ese entorno hostil derivó en incapacidad temporal por ansiedad en octubre de 2022 y, de nuevo, en abril de 2024.
«Aceptamos encontrarnos ante una infracción muy grave», concluye la resolución. Por ello, el Ayuntamiento de Laguardia es condenado a indemnizar con 31.000 euros por daños morales al funcionario, manteniéndose la absolución del alcalde.
Impacto de esta sentencia en relaciones laborales y administraciones locales
El pronunciamiento refuerza que el vaciamiento de funciones, la merma retributiva y las presiones internas pueden configurar acoso laboral cuando crean un clima hostil sostenido. En este sentido, la resolución del TSJPV subraya la obligación de las administraciones de prevenir estas conductas y de acatar las decisiones judiciales previas, ofreciendo una referencia clara para futuras reclamaciones en el ámbito público.