La declaración de Gabriel Navarro ante la jueza investiga posibles irregularidades en la construcción de centros de FP. El empresario asegura que se fraccionaban facturas y que un director general estaba al corriente de una de las actuaciones.
Gabriel Navarro, constructor de varios centros de Formación Profesional en la Comunidad de Madrid, ha comparecido ante la jueza que investiga un presunto delito de prevaricación en el gobierno regional. ¿Por qué ha decidido hablar ahora? Según explica en su declaración, fue el impago de más de un millón de euros lo que le llevó a alzar la voz. Para Navarro, la clave está en que los encargos de obra se realizaban “siempre” sin contrato público y con facturas que, presuntamente, se fraccionaban para esquivar procesos de licitación.
Cómo se llevaron a cabo estas presuntas adjudicaciones sin contrato formal según el constructor
El modus operandi descrito por Navarro consistía en asignarle la construcción de los centros de FP sin licitación. Para ello, cada trabajo se fraccionaba en partes inferiores a 50.000 euros, monto que delimita la obligación de convocar un concurso público. De esta manera, la Consejería de Educación de la época, entonces liderada por Enrique Ossorio y con la participación de Rocío Albert, eludía la formalidad de una mesa independiente y aceleraba la puesta en marcha de los proyectos.
El constructor detalla que este método fue el mismo en “una decena” de centros. Incluso relata que, en su momento, se le pidió presentar diferentes presupuestos desde empresas que también eran suyas, simulando así una competencia inexistente. Para Navarro, el problema no se limitaba a la falta de licitación, sino también a la ausencia de cobro por algunas obras, hecho que le obligó a enviar burofaxes de advertencia a la propia Consejería.
Implicaciones tienen estas supuestas prácticas de fraccionamiento de facturas y por qué se investiga
El pago de obras mediante facturas divididas puede suponer una vulneración de la normativa que exige contratos públicos para importes determinados. De ahí que la Fiscalía, tras la denuncia presentada por el actual equipo de Educación, iniciara una investigación. Posteriormente, se han ido sumando testimonios que señalan un “sistema continuo” para evitar concursos, tal y como declaró el propio constructor.
Aparte de las presuntas responsabilidades penales que se puedan derivar, este modelo generaba inseguridad en los propios centros. Según Navarro, se recurría en ocasiones al “boca a boca” entre directores, quienes aprobaban los presupuestos sin contar con el marco contractual exigido por la ley. Un exsubdirector de FP, Alfonso Mateos, declaró que desconocía los detalles de la financiación, pero admitió que se utilizaba dinero de gastos extraordinarios para estas obras.
Fraccionar facturas: puntos a tener en cuenta
A continuación, se listan las consecuencias principales que podría acarrear este sistema de facturación en cualquier administración pública:
- Infracción de la normativa de contratación y transparencia.
- Posible malversación de fondos si los gastos no se ajustan a la legalidad.
- Falta de competencia real, que impide al sector participar en igualdad de condiciones.
- Riesgos de impago o retrasos si no existe un contrato con todas las garantías.
Como ves, el escenario acarrea riesgos, no solo para la administración, sino también para las empresas que participan.
Tabla orientativa: cronología de hechos más relevantes
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 2024 | Gabriel Navarro envía burofaxes a la Consejería de Educación por impagos de más de un millón. |
| 2025 (investigación) | La Fiscalía comienza a indagar tras la denuncia del equipo de Educación. |
| Actualidad (instrucción) | El constructor declara ante la jueza y aporta datos sobre los encargos sin contrato. |
Este recorrido muestra cómo el caso ha ido ganando fuerza desde los primeros avisos hasta la fase de instrucción judicial en la que se encuentra en estos momentos.
Un alto cargo que medió en un impago
Navarro asegura que un director de área territorial se vio obligado a interceder ante un problema de abonos en otra obra que dirigió. Esa gestión fue la que permitió continuar los trabajos tras una paralización parcial. ¿Te interesa saber más sobre cómo afectaba a la marcha de los institutos? De acuerdo con la versión del constructor, esa paralización bloqueaba la finalización de aulas y talleres, indispensables para el alumnado de FP.
El denominado “caso FP” sigue siendo objeto de investigación, con la juez estudiando posibles responsabilidades penales. Podemos denunció los hechos y, al mismo tiempo, la Fiscalía apuntó a la “grosera y palmaria omisión” de procedimientos en la ampliación de los edificios de FP en Madrid. La declaración de Gabriel Navarro supone un nuevo impulso en la causa, ya que aporta datos sobre los mecanismos que, según él, se utilizaban para adjudicar y abonar las obras sin cumplir la legalidad.
Habrá que esperar a la evolución de la investigación para conocer las consecuencias exactas de estas prácticas. Mientras tanto, queda en el aire la pregunta de si se abrirán nuevas líneas de indagación sobre otros empresarios que habrían participado en el mismo sistema y si la Comunidad de Madrid adoptará medidas para evitar que se repitan casos similares.