La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que confirme la condena a Carlos Somoza, considerado “administrador de facto” de Alcor Seguridad SL, empresa habitual contratista con la Administración Pública. La Audiencia Provincial de Lugo lo sentenció a cinco meses de prisión, 1.800 euros de multa e indemnizaciones por “daño moral”, tras dar por probado que exigió firmar folios en blanco para ser contratado y que hubo jornadas de 24 horas. ¿Qué está ahora sobre la mesa?
La Audiencia de Lugo y la Fiscalía detallan los hechos probados y la condición de administrador de facto
En un escrito de 73 folios, la Fiscalía pide desoír el recurso que Somoza presentó en febrero, respalda la acusación popular de USO y rechaza que existiera “interés espurio”. ¿Qué sostiene? Que el empresario “exigió a sus trabajadores firmar folios en blanco”. Además, recuerda: “El tribunal estimó, acertadamente, que dicha práctica fue engañosa y fraudulenta y, con ella, obtenía una posición de control de la relación laboral”. Para la fiscal, fue “una burla de los derechos legalmente reconocidos a los trabajadores”.
A continuación, se recogen las claves principales del fallo y del procedimiento, para no perderse en los detalles.
- Cinco meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores.
- Multa de 1.800 euros e indemnizaciones por “daño moral”.
- Exigencia de firmar folios en blanco para acceder al empleo.
- Jornadas laborales de 24 horas acreditadas por la sentencia.
- Condena a su hija como cómplice a un mes y medio (sustituible por sanción económica); la esposa resultó absuelta.
La Audiencia y la Fiscalía sitúan a Somoza como administrador de facto que fijaba protocolos y directrices de contratación.
Qué pide la Fiscalía al Supremo y qué solicita la acusación popular de USO
La Fiscalía reclama confirmar la condena y subraya “la plena licitud” de las pruebas valoradas. USO, por su parte, pide agravarlas: elevar la pena de Carlos Somoza a tres años y tres meses, imponer una multa de 3.600 euros e inhabilitarlo para la administración de mercantiles. ¿Su base? Que las horas extraordinarias se abonaban “en metálico”, “de manera fraudulenta” y “a un precio más bajo que el estipulado”, entre otras supuestas irregularidades.
Para verlo de un vistazo, este cuadro resume lo que cada parte plantea ante el Supremo:
| Parte | Petición ante el Supremo |
|---|---|
| Fiscalía | Confirmar los cinco meses de prisión, la multa de 1.800 euros e indemnizaciones; avalar la licitud de las pruebas y la acusación popular de USO. |
| USO (acusación popular) | Elevar la pena a tres años y tres meses, imponer multa de 3.600 euros e inhabilitar para administrar mercantiles; denuncia horas extra “en metálico”, “de manera fraudulenta” y “a un precio más bajo que el estipulado”. |
| Defensa de Somoza | Recurso presentado en febrero: cuestiona las pruebas y reprocha la intervención de USO. |
El secretario general de la FTSP‑USO, Basilio Alberto Febles, valora: “El Supremo tiene en sus manos condenar definitivamente a alguien que abusaba de los vigilantes de seguridad, que obligaba a los trabajadores a firmar folios en blanco antes de ser contratados, entre otros abusos, un comportamiento propio de épocas muy lejanas y de explotadores que hoy es completamente inadmisible”.
