El Gobierno se ha comprometido con los sindicatos de funcionarios a reducir la jornada laboral de los empleados públicos de la administración central a 35 horas semanales a partir de febrero del próximo año. Así lo han trasladado CSIF, sindicato más representativo en la Administración General del Estado (AGE), y UGT tras reunirse con representantes del Ministerio de Función Pública, que sitúan la aprobación de la medida entre febrero y marzo.
Reducción de jornada a 35 horas para 250.000 empleados públicos de la administración estatal
Si finalmente se concreta, la reducción de la jornada de trabajo beneficiará a unos 250.000 empleados públicos de la administración del Estado. La medida desarrolla un compromiso ya recogido en 2022 dentro del acuerdo que contemplaba una subida salarial del 9,5% entre 2022 y 2024, en el que también se hacía referencia a una futura reducción de jornada.
En ese texto se mencionaba la posibilidad de extender la jornada de 35 horas a entidades locales y empresas públicas. Sin embargo, lo que se está negociando ahora se circunscribe a la Administración General del Estado, por lo que de momento el cambio afectaría únicamente a ese ámbito.
La jornada de 35 horas es una reivindicación histórica del funcionariado de la administración central, que actualmente tiene una semana laboral superior, en torno a las 37 horas y media, en línea con las 37,5 horas fijadas en su día para el conjunto del sector público. ¿Qué supone este cambio en la práctica para la plantilla? Menos horas de presencia, pero con las mismas obligaciones de servicio público.
Cómo afecta el paso de 37,5 a 35 horas en el conjunto de la administración
En el año 2012, en plena crisis económica, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó elevar la jornada a 37,5 horas en toda la administración pública. La administración estatal ya venía realizando esa jornada, pero la medida se extendió al resto de ámbitos.
Con el paso de los años y una vez superado el peor momento económico, algunas administraciones han ido aprobando reducciones de jornada, especialmente en el ámbito autonómico, donde ya existen territorios y secciones con jornadas de 35 horas. De ahí que la AGE llegara más tarde a este escenario, pese a que el recorte horario ya se había pactado en 2022 y estaba pendiente de desarrollo.
En consecuencia, la aplicación efectiva en la administración central supondrá un paso más en la homogeneización de la jornada en las distintas ramas del sector público, aunque cada una mantenga sus propios acuerdos y calendarios.
Negociación del teletrabajo y otros compromisos de Función Pública pendientes
Durante la reunión de este miércoles también se abordaron cuestiones que quedaban pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado hace tres años. Una de las más relevantes es el desarrollo del teletrabajo en la AGE, que Función Pública se ha comprometido a tratar en la Mesa General de Negociación en enero. Este órgano es el espacio donde se desarrolla la negociación colectiva en la administración estatal y en él están representados, a partes iguales, sindicatos y ministerios.
Además, sindicatos y Función Pública han constituido la comisión de seguimiento del último acuerdo que incluía una subida salarial acumulada del 11,4% entre 2025 y 2028. Esta comisión se organizará en diferentes grupos de trabajo para desarrollar los puntos pactados, entre ellos Empleo, Salud Laboral, Igualdad y Formación en Competencia Digital e Inteligencia Artificial. No es un detalle menor: marcará buena parte de las condiciones laborales de los próximos años.
Entre los grupos de trabajo previstos destacan los siguientes:
- Empleo
- Salud Laboral
- Igualdad
- Formación en Competencia Digital e Inteligencia Artificial
Con estos grupos, se pretende avanzar de forma ordenada en la modernización de la Administración del Siglo XXI, combinando mejoras laborales con nuevas competencias digitales. En resumen, no todo se limita a las horas de trabajo; también importa cómo se trabaja.
Fechas y forma de cobro de la subida salarial pública y los atrasos correspondientes
La reunión ha servido igualmente para aclarar el calendario de la subida salarial correspondiente a este año. Función Pública ha informado de que los trabajadores de la AGE cobrarán en diciembre el incremento del 2,5% previsto, junto con todos los atrasos pendientes. El pago podrá realizarse directamente en la nómina de diciembre o bien mediante una paga extra, según ha trasladado CSIF.
En el resto de administraciones, Función Pública considera que la mayoría de comunidades autónomas abonarán los atrasos en diciembre, mientras que otras, como Madrid, Cantabria o Galicia, lo harán en enero. En el caso de las administraciones locales, muchos ayuntamientos retrasarán el abono hasta enero por no disponer de medios tecnológicos suficientes para corregir las nóminas de diciembre. Una situación que, en la práctica del día a día, obliga a los empleados a estar muy pendientes del mes en que verán reflejados esos importes.
En definitiva, la combinación de la futura jornada de 35 horas, la regulación del teletrabajo y el calendario de subidas salariales dibuja un escenario de cambios relevantes para el personal público. ¿Quién dijo que el empleo en la administración era estático?
