Entre 2013 y 2024, el Servicio Público de Empleo Estatal ha reclamado 1.117 millones de euros a 108 empresas con beneficios por despidos colectivos de 32.197 trabajadores mayores de 50 años. De esa cantidad ya ha ingresado 1.077 millones gracias a la llamada “enmienda Telefónica”, que obliga a las compañías a compensar al Estado por el coste de estos despidos.
Cómo funciona la enmienda Telefónica y qué cambios se observan en las sanciones del SEPE a empresas con despidos de mayores de 50 años
El origen está en el ERE que Telefónica presentó en 2011, tras el que el Gobierno modificó la ley con la “enmienda Telefónica”, y en 2013 el SEPE desarrolló el procedimiento que obliga a las empresas con beneficios que despiden colectivamente a mayores de 50 años a aportar al Tesoro, dejando fuera otros despidos.
Se trata solo de despidos colectivos en empresas con beneficios; no recoge los despidos en compañías con pérdidas ni los individuales, pero sirve para medir la magnitud de la factura que asumen las empresas y el propio sistema de prestaciones.
Grandes empresas concentran buena parte de las aportaciones económicas por despidos colectivos de trabajadores mayores de 50 años
Entre todos los procesos, destaca el ERE de Telefónica de 2011, que por sí solo suma 305 millones de euros, el 28% de todo lo ingresado hasta finales de 2024, y se saldó en 2020 tras siete años de pagos. El informe menciona también otras grandes empresas con aportaciones millonarias, en expedientes ya cerrados y con las mismas cifras que hace un año, mientras que un centenar de compañías permanece en la opacidad, sin datos públicos sobre importes ni trabajadores afectados.
El reparto de las principales aportaciones económicas entre las operaciones detalladas, es el siguiente:
| Empresa | Aportación (millones de euros) |
|---|---|
| Telefónica | 305 |
| CaixaBank | 186 |
| Bankia | 78 |
| Iberia S.A | 65 |
| Ibercaja | 43 |
Opacidad en las sanciones del SEPE y evolución reciente de los despidos colectivos que afectan a mayores de 50 años
La historia de la “enmienda Telefónica” está marcada por dificultades: los informes del SEPE recogen que la recaudación llegó a quedar congelada entre 2016 y 2017 “debido a la falta de medios materiales y humanos en el SEPE”.
A partir de 2019 las cantidades reclamadas e ingresadas crecen con fuerza y no han dejado de aumentar en los años siguientes, aunque no está claro cuánto se debe a más casos y cuánto a la mejora del procedimiento para detectar despidos no reclamados.
En los dos últimos años se aprecia una cierta desaceleración de los despidos, al tiempo que mejora el cobro: en 2024 se ingresó el 96% de las cantidades adeudadas, frente al 82% de 2022, aunque las cifras aún no recogen los ERE anunciados recientemente en Telefónica y otras empresas.
Al final, la película se repite y el foco sigue puesto en los mayores de 50 años, cuyo cese supone el mayor ahorro para las empresas pese a la legislación introducida hace casi quince años; la duda es directa: ¿realmente bastan estas sanciones para frenar las prejubilaciones encubiertas?
