El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirma el despido disciplinario tras acreditar retrasos, ausencias injustificadas y alteraciones del registro horario. La trabajadora pierde la indemnización, aunque podrá solicitar el paro si cumple los requisitos de cotización.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado procedente el despido de la directora de una oficina de CaixaBank en Berriz, Vizcaya. La empleada trabajaba en la entidad desde marzo de 1999 y percibía un salario bruto mensual de 7.345,84 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas.
La sentencia 1816/2025, dictada el 22 de julio, ratifica el fallo previo del Juzgado de lo Social número 11 de Bilbao. La oficina era unipersonal, por lo que la directora era la única responsable de abrir el establecimiento, atender a los clientes y cumplir las normas internas de seguridad.
Los retrasos, las ausencias y la peluquería que acreditó CaixaBank
Las irregularidades se produjeron durante varias jornadas de noviembre de 2023, enero de 2024 y febrero de ese mismo año. CaixaBank documentó retrasos de hasta 59 minutos, salidas anticipadas de dos horas y cinco minutos y ausencias durante la jornada que llegaron a prolongarse durante una hora y 39 minutos.
Uno de los episodios ocurrió el 3 de enero de 2024. La directora cerró la oficina a las 12:55 horas para acudir a una peluquería, donde permaneció entre las 13:11 y las 15:09 horas. El horario de atención al público finalizaba a las 14:30 horas, por lo que la sucursal permaneció cerrada mientras algunos clientes esperaban en el exterior.
La entidad también comprobó que la trabajadora validaba el horario teórico generado por el sistema, pese a que no coincidía con sus entradas, salidas y ausencias reales. En dos ocasiones, la alarma fue desactivada con su contraseña personal antes de que ella llegara a la oficina.
Por qué el TSJ considera procedente el despido disciplinario de la directora
El tribunal rechazó que los hechos pudieran ampararse en la flexibilidad horaria correspondiente a su puesto. Las ausencias no estaban relacionadas con visitas comerciales ni con otras tareas profesionales y se repitieron durante varios meses.
La Sala valoró especialmente que la directora fuera la única empleada de la sucursal, que los incumplimientos afectaran a los clientes y que la trabajadora ocultara su conducta mediante el sistema de control horario. Consideró que el despido fue proporcional ante una actuación reiterada y sin circunstancias que redujeran su responsabilidad.
El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores permite el despido disciplinario por faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad y por transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza.
El despido disciplinario elimina la indemnización, pero permite solicitar el paro
Al haber sido declarado procedente, el despido extingue el contrato sin indemnización ni salarios de tramitación. Con el sueldo reconocido y tomando como referencia el límite de 24 mensualidades, la indemnización por un eventual despido improcedente habría rondado los 176.300 euros.
La pérdida de la indemnización no impide acceder a la prestación por desempleo. La Ley General de la Seguridad Social considera el despido una situación legal de desempleo, también cuando tiene carácter disciplinario y es declarado procedente. La extrabajadora podrá cobrar el paro si acredita las cotizaciones exigidas y cumple el resto de condiciones.
El futuro fichaje digital limitará las modificaciones ocultas del registro horario
El registro diario de la jornada es obligatorio desde 2019 y debe reflejar las horas concretas de inicio y finalización. Las empresas tienen que conservar esta información durante cuatro años y mantenerla disponible para la plantilla, sus representantes y la Inspección de Trabajo.
El proyecto de reforma del control horario contempla sistemas digitales, una huella identificable de cada modificación y acceso remoto e inmediato para la Inspección. El Plan Anual Normativo de 2026 mantiene prevista la aprobación de este real decreto, por lo que estas novedades todavía deben diferenciarse de las obligaciones actualmente vigentes.
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