Una trabajadora de una conocida tienda de cosmética española ha sido despedida tras ser captada por las cámaras de seguridad sustrayendo productos y usando distintos métodos para llevárselos sin pagarlos. La Justicia ha respaldado la decisión de la empresa.
La resolución, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, confirma el despido disciplinario al considerar acreditados los hechos y rechaza que las grabaciones sean una prueba ilícita por existir carteles de videovigilancia en el establecimiento.
Las cámaras de seguridad y las denuncias internas destaparon varios robos en la tienda
Según la sentencia, el despido se basó en faltas muy graves vinculadas a la transgresión de la buena fe contractual y al abuso de confianza. El caso se activó tras la denuncia de varias compañeras, que comunicaron a la empresa la existencia de robos de los que decían ser testigos y que atribuían a encargadas de la tienda, entre ellas la trabajadora despedida.
A partir de esas alertas internas, la empresa verificó lo que ocurría mediante las cámaras de seguridad. En las grabaciones se recogió cómo dos encargadas actuaban de forma coordinada: una guardaba una caja con fragancia en el mostrador, mientras que la trabajadora protagonista iba acumulando en la parte trasera distintos productos, entre ellos un estuche y perfumes. Incluso se recoge que envió fotos a alguien de los artículos que estaba apartando.
Y aquí viene lo llamativo: al salir de la tienda con dos bolsas grandes, a la trabajadora le saltó la alarma antirrobos. Tuvo que desactivar la bolsa en el mostrador, donde estaba otra empleada señalada como cómplice. Vamos, que no hablamos de un despiste precisamente.
El recurso por videovigilancia no prospera: los carteles fueron determinantes
El foco del pleito no se centró tanto en si existió o no el robo, sino en el recurso de la trabajadora contra el despido. Ella defendía que debía declararse nulo por el uso de las grabaciones de videovigilancia, al considerar que eran pruebas ilícitas porque la empresa no le habría informado correctamente.
Sin embargo, los jueces interpretan que la presencia de carteles de videovigilancia es suficiente para utilizar las imágenes como prueba en un caso como este, al entender que con esa señalización se cumple el deber de información cuando se capta la comisión flagrante de un acto ilícito por parte de trabajadores. En otras palabras: si hay carteles y las cámaras recogen el hecho, el tribunal entiende que esas grabaciones pueden entrar en el proceso.
Qué implica esta resolución para la trabajadora: despido procedente y sin indemnización
La sentencia desestima el recurso y da por válido el despido por los hechos descritos, por lo que la trabajadora no podrá cobrar indemnización por esa extinción del contrato. Además, el texto recoge que la empresa denunció a la trabajadora por los robos, pero el procedimiento penal continúa abierto y, por ahora, no existe una sentencia penal sobre ese asunto.
