El País Vasco será en un año la primera comunidad autónoma en gestionar directamente las prestaciones por desempleo, tras cerrar con el Gobierno central el traspaso del llamado “primer bloque de la Seguridad Social”.
A partir del 1 de enero de 2027, Euskadi asumirá la gestión del paro, varias prestaciones familiares no contributivas y el seguro escolar, en un paquete de cinco transferencias pactadas entre PNV y PSOE a cambio del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.
La principal novedad es que el servicio vasco de empleo, Lanbide, gestionará desde 2027 las prestaciones por desempleo. Integrará en una “ventanilla única” tanto la protección por desempleo como las políticas activas de empleo, que ya venía administrando hasta ahora. Esto supone que las 30 oficinas del SEPE en Euskadi pasarán a ser sucursales de Lanbide, que asumirá también a los 468 empleados que actualmente trabajan en ellas. En la práctica, se busca simplificar trámites, eliminar duplicidades y mejorar la atención a las personas desempleadas.
Este cambio afectará a unas 51.000 personas desempleadas y movilizará unos recursos anuales de 822 millones de euros. De ahí que las instituciones vascas presenten este paso como un avance de gran calado en el ámbito sociolaboral. Para entender mejor el alcance del traspaso, estos son algunos de los cambios clave para la gestión del paro en Euskadi:
- Lanbide gestionará directamente las prestaciones y las políticas activas de empleo, unificando en una sola ventanilla la atención a las personas desempleadas, las oficinas del SEPE pasarán a formar parte de la red de Lanbide con sus 30 centros y 468 empleados, se simplificarán trámites y se busca evitar duplicidades en la relación con la ciudadanía y se gestionarán recursos de 822 millones de euros anuales para cubrir a unas 51.000 personas desempleadas.
Lanbide se convertirá tanto en la puerta de entrada para buscar empleo como en la referencia para cobrar la prestación.
Traspaso de prestaciones familiares no contributivas y seguro escolar a Euskadi
El acuerdo de transferencias no se limita al paro. También desde enero de 2027, Euskadi asumirá la gestión de las prestaciones familiares no contributivas de la Seguridad Social, como las ayudas por discapacidad, nacimiento y adopción. Las instituciones vascas se encargarán de la tramitación, el reconocimiento, el control y el pago de estas prestaciones, que benefician a unas 20.000 personas y suponen unos 100 millones de euros anuales. Esta cantidad se minorará del pago del Cupo vasco. La transferencia incluye además el traspaso de cuatro empleados.
Dentro de este “primer bloque de la Seguridad Social” se ha acordado igualmente el traspaso de las prestaciones del seguro escolar. El importe económico será de unos 270.000 euros anuales, con una cuota de 2,24 euros por estudiante, y el Gobierno vasco asumirá la recaudación de las cuotas y el abono de las prestaciones.
Un primer bloque de Seguridad Social que refuerza el autogobierno vasco
Los Gobiernos central y vasco han cerrado así las cinco transferencias acordadas entre PNV y PSOE, después de una negociación marcada por “divergencias técnicas” y retrasos respecto a los plazos inicialmente previstos para antes de que terminara 2025. Desde el Ejecutivo autonómico se subraya que estos traspasos suponen un “avance decisivo” en el desarrollo íntegro de las competencias reconocidas en el Estatuto de Gernika en materia de Seguridad Social. En otras palabras, refuerzan el autogobierno y la capacidad de Euskadi para diseñar y gestionar su propio sistema de protección social.
Sin embargo, queda pendiente la negociación de la transferencia más polémica, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que implicaría que Euskadi asumiera el pago de las pensiones. Aunque figura en el Estatuto, se considera especialmente controvertida, ya que, según muchos expertos, podría suponer la ruptura de la caja única y perjudicar la solidaridad entre territorios. No es un asunto menor, desde luego.
Medios vascos señalan que, pese a su cuantía moderada, el traspaso del seguro escolar puede verse como un primer paso en el camino hacia esa posible transferencia futura del régimen económico de la Seguridad Social. ¿Será realmente el inicio de una nueva fase en el mapa de la protección social en España? El tiempo lo dirá.
