La implantación de la nueva Formación Profesional Dual en Andalucía está generando un auténtico quebradero de cabeza a miles de estudiantes, docentes y empresas, mientras la oferta privada crece con fuerza y la pública se resiente.
La adaptación andaluza de la Ley Orgánica 3/2022 de Formación Profesional ha llegado a los centros sin planificación, con cambios a mitad de curso y sin la información previa necesaria. El resultado es un colapso en la FP pública que puede impedir que muchos alumnos completen sus estudios y obtengan su título, en un contexto en el que la oferta privada no deja de crecer.
Cómo afecta la nueva Formación Profesional Dual en Andalucía al alumnado público
El conflicto arranca con la exigencia de realizar 500 horas obligatorias de prácticas en empresas para conseguir el título. El problema no es solo el volumen de horas, sino que este requisito se ha impuesto con carácter retroactivo a estudiantes que iniciaron sus estudios en 2024 sin conocer esta condición. El cambio se introdujo con el curso ya empezado, alterando las reglas de juego para miles de personas matriculadas.
Muchos alumnos han descubierto que prácticas ya evaluadas y aprobadas «ya no cuentan». Incluso quienes superen todos los módulos podrían no titular si no encuentran una empresa donde completar las horas de prácticas exigidas, lo que en la práctica supone alargar sus estudios a un tercer año no previsto.
La situación es especialmente dura en la FP a distancia, pensada para personas adultas que trabajan o tienen responsabilidades familiares. En estos casos, aprobar todos los módulos ya no garantiza el título. Sin empresa para realizar las prácticas, no hay titulación. Compatibilizar trabajo, familia y 500 horas de prácticas en pocos meses resulta, para muchos, simplemente inviable. ¿Cómo se supone que deben organizarse estos estudiantes?
El profesorado también sufre esta implantación improvisada. La búsqueda de empresas recae casi por completo sobre los docentes, que solo cuentan con tres horas por curso para gestionar plazas para grupos de 50 o 60 alumnos. A ello se suma la realidad del tejido empresarial andaluz, formado en gran parte por pequeñas empresas y autónomos que no pueden asumir prácticas para grandes volúmenes de estudiantes.
Sindicatos y comunidad educativa coinciden en que no se trata de casos aislados, sino de un problema estructural: la normativa llega tarde, la planificación es deficiente y los recursos no se ajustan a las exigencias del nuevo modelo. Pese a ello, el Gobierno andaluz niega que exista un problema generalizado.
La expansión de la Formación Profesional privada y las denuncias del PSOE-A
Todo ocurre mientras la Formación Profesional privada crece con fuerza en Andalucía. Los datos aportados señalan que este año se han autorizado casi cuatro veces más plazas privadas que públicas. Desde la llegada de Juan Manuel Moreno Bonilla a la Junta, las plazas de FP privada han aumentado más de un 100 por ciento, mientras la oferta pública apenas ha crecido.
Este impulso privado se concentra en los ciclos más demandados y con mayor empleabilidad, como Sanidad, Informática, Administración o Deporte. Además, se trata de enseñanzas con matrículas elevadas, que pueden superar los 6.000 euros por curso. Actualmente, uno de cada tres estudiantes de FP en Andalucía paga por una formación que, según denuncian, debería ser pública y accesible. La pregunta cae por su propio peso: ¿es razonable que el futuro académico dependa de la capacidad económica de cada familia?
El Partido Socialista de Andalucía ha criticado con dureza esta situación. Su secretaria de Educación, Patricia Alba, acusa al Gobierno andaluz de utilizar la FP como un «campo de negocio para unos pocos», generando caos en los centros, perjudicando al alumnado y empeorando las condiciones laborales del profesorado. También alerta de desplazamientos forzosos de docentes y del traslado de ciclos públicos a turnos de tarde, mientras centros privados ocupan el turno de mañana.
Entre las consecuencias que el PSOE-A vincula a este modelo destacan:
- Caos en los centros públicos, dificultades para que el alumnado titule y empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado, con más desigualdad y problemas de conciliación para las familias.
Según estas denuncias, las decisiones se toman sin diálogo con la comunidad educativa y con un impacto social evidente: estudiantes que ya no pueden estudiar cerca de su hogar, jóvenes que abandonan por falta de conciliación y un aumento de la desigualdad.
Todo ello se produce en un momento en que, según se subraya, la inversión del Gobierno de España en Formación Profesional es la mayor de la historia y los recursos transferidos a Andalucía se han multiplicado en los últimos años. Sin embargo, en lugar de reforzar la FP pública, la Junta estaría optando, según estas críticas, por un modelo que favorece la privatización y la segmentación social.
La FP Dual podría ser una herramienta clave para mejorar la empleabilidad y fortalecer el tejido productivo, pero requiere planificación, recursos y respeto a los derechos del alumnado y del profesorado. En Andalucía, con la actual gestión, nada de esto estaría garantizado. En definitiva, la cuestión de fondo sigue abierta: un modelo de Formación Profesional que garantice igualdad de oportunidades o un sistema donde estudiar dependa del dinero que pueda pagar cada familia.
