La Vicepresidencia primera y consejería de Vivienda abre un expediente disciplinario tras un segundo análisis de las adjudicaciones de la primera promoción pública en 20 años, que ya ha provocado renuncias.
La Vicepresidencia primera y consejería de Vivienda ha abierto un expediente disciplinario y ha decretado la suspensión cautelar de empleo y sueldo a un funcionario que avaló la adjudicación de una vivienda social a su mujer, al omitir datos relevantes sobre su unidad de convivencia.
La suspensión de empleo y sueldo por una vivienda social reabre la polémica en Alicante
La primera oferta de vivienda pública en la ciudad en 20 años se ha convertido en un foco de controversia. Se trata de 140 casas construidas sobre un terreno privilegiado cedido a un promotor privado por el Ayuntamiento de Alicante, dirigido por Luis Barcala, del PP. ¿Y por qué ha estallado el escándalo? Porque, tras conocerse que una concejala y familiares de un alto cargo municipal habían sido beneficiarios, la consejería pidió un “segundo análisis” para revisar las adjudicaciones.
Qué detectó el segundo análisis sobre la unidad de convivencia y la documentación
En esa segunda comprobación, la dirección territorial detectó que el funcionario en cuestión era cónyuge de una de las solicitantes y que, durante la tramitación, se omitieron datos relevantes de la unidad de convivencia de la que él formaba parte. Por extensión, también quedaban afectados aspectos que debían sumarse a esa unidad, como la acreditación de ingresos y posibles viviendas en propiedad. Ojo, porque aquí está la clave del expediente: las fuentes señalan que el técnico “revisó, tramitó y acreditó para su firma” el expediente de su mujer y lo dejó como favorable, dando por cumplidos los requisitos.
Además, la dirección territorial ha informado de una supuesta comisión de varias faltas tipificadas como muy graves. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? En una medida inmediata: la suspensión cautelar de empleo y sueldo mientras se tramita el procedimiento disciplinario.
La Consejería anuncia refuerzo de controles y el envío del caso a Fiscalía
La consejería sostiene que actuará con contundencia y que trasladará inmediatamente la información a la Fiscalía para que investigue la situación y adopte las medidas oportunas. También considera que se trata de un posible uso indebido de la posición del funcionario en beneficio propio o de terceros.
En paralelo, ha subrayado que no existe participación de cargos políticos en la emisión de los visados ni en las decisiones adoptadas. Aun así, y por “tolerancia cero” ante irregularidades, se reforzarán los mecanismos de control. Estas son las actuaciones anunciadas por la consejería:
- Apertura de expediente disciplinario y suspensión cautelar de empleo y sueldo al funcionario implicado.
- Traslado inmediato de la información a Fiscalía para su investigación.
- Refuerzo del sistema de revisión en los procedimientos de visado de las Direcciones Territoriales.
- Impulso de una nueva fórmula de comprobación mediante una mesa de verificación.
- Aplicación de medidas adicionales a las ya incorporadas en el Decreto 180/2024.
Por tanto, el mensaje institucional es claro: lo ocurrido se considera inadmisible y se insiste en la necesidad de proteger el interés general y preservar la confianza ciudadana en las instituciones. ¿Servirán estos cambios para que no vuelva a repetirse una situación parecida?
