El director de la Escola Municipal de Segones Oportunitats de Barcelona defiende una educación flexible y personalizada para que quienes salen de la ESO sin rumbo puedan retomar sus estudios y decidir su futuro profesional sin precipitarse.
El abandono escolar prematuro continúa afectando al 13,5% de los jóvenes catalanes, mientras la tasa de graduación en ESO ha bajado del 93% al 87% entre 2020 y 2024. Ante esta situación, Jhonny Mancilla reclama que las escuelas de segunda oportunidad dejen de considerarse un último recurso y pasen a formar parte del sistema educativo.
Las escuelas de segunda oportunidad ofrecen tiempo para elegir una formación
Mancilla considera que obligar a escoger un itinerario inmediatamente después de cuarto de ESO puede perjudicar a quienes todavía no saben qué estudiar. Estos centros ofrecen un periodo educativo estructurado para conocer diferentes opciones, recuperar la confianza y adquirir las competencias necesarias antes de acceder a una nueva formación.
La Escola Municipal de Segones Oportunitats de Barcelona nació en 2019 para acompañar a jóvenes de entre 16 y 25 años en su regreso a los estudios reglados o en su preparación para incorporarse al mercado laboral. Su modelo se aleja de la organización convencional y apuesta por la orientación individualizada y el seguimiento continuo.
Mancilla defiende que comenzar un Programa de Formación e Inserción o un ciclo de grado medio y descubrir que no era la elección adecuada no debería convertirse en una penalización. El centro evalúa el punto de partida, ajusta las expectativas y prepara al estudiante para que no llegue sin recursos a la siguiente etapa.
El abandono escolar refleja una brecha social difícil de corregir
La tasa catalana de abandono escolar prematuro corresponde a jóvenes de entre 18 y 24 años que no estudian y carecen de una titulación superior a la ESO. El 13,5% registrado en 2025 apenas mejora el dato del año anterior y mantiene a Cataluña por encima de la media española, situada en el 12,8%, y lejos del 9% fijado como referencia europea.
La desigualdad económica agrava el problema. El abandono alcanza el 25,3% entre el alumnado con menos ingresos, frente al 3,8% registrado entre los hogares con mayor renta.
Mancilla relaciona la desafección con los contenidos, pero también con una estructura escolar rígida que no encaja con todos los jóvenes. Por ello, reclama equipos profesionales capaces de detectar dificultades personales, familiares, lingüísticas o sociales antes de que el distanciamiento termine en una salida definitiva de las aulas.
La falta de plazas de FP complica el regreso al sistema educativo
Retomar los estudios no garantiza acceder a la formación elegida. Los alumnos procedentes de escuelas de segunda oportunidad pueden llegar a los procesos de admisión con menor puntuación y quedar especialmente expuestos a la falta de plazas en la Formación Profesional pública.
El reconocimiento normativo de estos centros podría mejorar su conexión con los PFI, los ciclos formativos y otros itinerarios. El Gobierno catalán abrió en 2025 una consulta pública para elaborar un decreto sobre centros de nuevas oportunidades, concebido para reducir el fracaso escolar, combatir el abandono y elevar la cualificación profesional de los participantes.
Mancilla pide que esta alternativa pueda escogerse tras la ESO y no únicamente cuando la ruptura educativa ya se ha producido. Algunos estudiantes necesitan más orientación y un periodo adicional antes de tomar una decisión que condicionará sus siguientes años.
Las becas no siempre compensan el coste de seguir estudiando
Las dificultades económicas tampoco desaparecen cuando el alumno vuelve al sistema. Mancilla explica que algunos jóvenes desean completar un grado superior, pero deben trabajar para contribuir al alquiler, la alimentación y otros gastos familiares.
La barrera no se limita al pago de matrículas, materiales o ropa de taller. También incluye los ingresos que el estudiante deja de aportar mientras continúa formándose. Equitat.org sostiene que las ayudas para la etapa postobligatoria deben ampliar su cobertura y adaptarse al coste de vida de las familias con menos recursos.
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