El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado que una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital no tendrá que reintegrar 11.697 euros que la Seguridad Social consideraba cobrados de forma indebida. La Sala concluye que el error fue exclusivamente de la administración y que la mujer actuó en todo momento de buena fe.
La sentencia 628/2026, dictada por la Sala de lo Social de A Coruña el pasado mes de enero, desestima el recurso de suplicación presentado por el INSS y confirma íntegramente la resolución previa del Juzgado de lo Social número 5 de Vigo.
El TSJ de Galicia respalda a una madre monoparental frente al INSS por el IMV
El caso afecta a una madre monoparental con una hija a su cargo que comenzó a percibir el Ingreso Mínimo Vital en 2020, después de haber sido beneficiaria de otras prestaciones. Un año después empezó a trabajar a tiempo parcial como empleada de hogar, con un salario de 450 euros mensuales.
Según recoge la resolución, fue la propia administración la que le indicó que ese nuevo ingreso no alteraba la cuantía de la ayuda. Sin embargo, más tarde, tras el cruce de datos con la Agencia Tributaria, el INSS entendió que había percibido 15.000 euros de forma indebida entre 2020 y 2023. Tras una reclamación, esa cantidad quedó reducida a 11.697 euros.
Para sostener esa reclamación, la Seguridad Social puso el foco en las diferencias entre los ingresos reales y los declarados, así como en la falta de documentación relativa a la unidad de convivencia. No obstante, la Justicia concluye que esos desajustes no pueden atribuirse a la beneficiaria.
La sentencia del Ingreso Mínimo Vital aprecia buena fe y error exclusivo de la administración
El tribunal gallego sitúa el núcleo del asunto en la buena fe de la demandante y en la responsabilidad del INSS. En este sentido, destaca que la mujer comunicó en tiempo y forma el cambio en sus ingresos derivado de su nueva situación laboral.
A partir de ahí, fue el propio INSS quien mantuvo y recalculó durante años la prestación con esos datos. La sentencia llega a señalar que “O bien el INSS se abstuvo de verificarlos o incurrió en algún error propio”, al tiempo que reprocha la “tardía reacción” de la entidad gestora.
Además, la Sala pone el acento en el carácter esencial del IMV, al tratarse de una prestación destinada a cubrir necesidades básicas. También valora la situación de vulnerabilidad de la afectada, que estaba reconocida por la Xunta de Galicia. Por este motivo, obligarla a devolver esas cantidades resultaría “desproporcionado”.
Qué implica este fallo del TSJG sobre devoluciones del IMV por errores del INSS
La resolución aplica la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en concreto la fijada en el caso ‘Cakarevic contra Croacia’ de 2018. Ese criterio establece que no puede exigirse la devolución de prestaciones cuando el error es imputable exclusivamente a la administración y el ciudadano ha actuado con diligencia.
De este modo, el TSJG refuerza el principio de confianza legítima del ciudadano frente a las decisiones administrativas. El mensaje de la sentencia es claro: los errores en la gestión de prestaciones no deben recaer sobre los beneficiarios cuando estos han cumplido con su obligación de informar.
Aunque el fallo todavía no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Supremo, la Sala se alinea con una línea jurisprudencial que limita las reclamaciones de devolución cuando ha mediado un error propio de la administración. La propia resolución cita sentencias del TS en esa misma dirección, incluso en asuntos relacionados con prestaciones por desempleo durante la pandemia.
La decisión vuelve a situar el foco en los límites de la actuación administrativa y en la protección de los ciudadanos frente a errores institucionales. Este tipo de cuestiones también las abordamos en nuestra sección de actualidad, donde analizamos medidas públicas, decisiones judiciales y debates que impactan en la sociedad.
