Las dietas que perciben los empleados públicos por sus gastos de comida y alojamiento en desplazamientos oficiales serán revisadas por el Gobierno después de casi 25 años sin cambios. Desde 2002, estas compensaciones por manutención y alojamiento se han mantenido congeladas, aunque en este tiempo el precio de un menú del día se ha casi duplicado y las noches de hotel han registrado un aumento cercano al 60%. La revisión busca adaptar las dietas al coste real de la vida y a la realidad del sector hostelero, de modo que los trabajadores públicos no tengan que asumir gastos que no se corresponden con la subida de precios.
Por qué las dietas de los funcionarios necesitan una actualización urgente
La congelación de las dietas desde 2002 ha dejado desfasadas estas compensaciones frente a los precios actuales de comida y alojamiento. ¿Qué ocurría hasta ahora? Que muchos empleados públicos que se desplazaban por motivos de servicio podían terminar pagando de su bolsillo parte de esos gastos.
El aumento casi del doble en el precio del menú del día y el encarecimiento de las noches de hotel reflejan cómo la inflación y el sector hostelero han ido muy por delante de estas indemnizaciones. Este contraste evidencia la necesidad de actualizar las compensaciones al coste de los servicios que los funcionarios utilizan durante sus desplazamientos.
Cómo será la revisión de las dietas para comidas y alojamiento en desplazamientos
El objetivo de la revisión de las dietas es adaptar las compensaciones al coste actual de la vida, evitando que los empleados públicos tengan que asumir gastos que no se corresponden con la inflación ni con los incrementos del sector hostelero. En resumen, se busca que lo que se recibe por dieta se acerque más a lo que realmente cuesta comer y dormir fuera de casa cuando el viaje es por motivos de servicio.
El Gobierno se ha comprometido a actualizar estos importes, aunque todavía no ha detallado la fecha exacta en la que se aplicarán los nuevos valores. Esta falta de calendario deja preguntas abiertas, pero supone un avance frente a la larga etapa de inmovilismo iniciada en 2002; después de tanto tiempo, no es precisamente un cambio menor.
El acuerdo alcanzado se interpreta como un paso significativo en la mejora de los beneficios laborales del sector público. ¿Significa esto que el problema está resuelto? Aún no, porque falta conocer los nuevos importes y la fecha en la que entrarán en vigor, pero el compromiso de modernizar estas compensaciones marca un punto de inflexión tras casi 25 años de congelación.
