La pensión en favor de familiares puede ser vitalicia, aunque el matrimonio extingue el derecho. Su límite de ingresos en 2026 es de 17.094 euros anuales.
La pensión en favor de familiares permite a determinados hijos mayores de 45 años recibir una prestación tras fallecer el progenitor al que cuidaban. La Seguridad Social exige acreditar dependencia económica y otras condiciones. La Ley 26/1990 extendió este derecho a los hijos varones, con efectos desde el 11 de enero de 1991. En 2026, el límite de ingresos es de 17.094 euros anuales y los mínimos dependen de la situación familiar.
Quién puede solicitar la pensión en favor de familiares
El solicitante debe ser mayor de 45 años cuando fallece su padre o madre y estar soltero, viudo, divorciado o separado judicialmente. El progenitor debía percibir una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente. La ficha oficial también incluye trabajadores que reunían los requisitos para acceder a esas pensiones al morir. Para la incapacidad permanente, exige que el expediente estuviera pendiente de resolución. La regulación actual figura en el artículo 226 de la Ley General de la Seguridad Social.
También debe acreditarse una dedicación prolongada al cuidado del fallecido y haber convivido a sus expensas durante los dos años anteriores. Si el anterior familiar conviviente murió dentro de ese periodo, la convivencia se exige desde aquella muerte. Además, no debe tener derecho a otra pensión pública y debe carecer de familiares con obligación y posibilidad de prestarle alimentos. Por tanto, atender a un progenitor o vivir en su domicilio no garantiza por sí solo el reconocimiento de esta prestación.
El límite de ingresos de 2026 y las incompatibilidades
Los ingresos económicos deben ser iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional, comparado en cómputo anual. El salario mínimo de 2026 asciende a 1.221 euros en 14 pagas, equivalentes a 17.094 euros anuales. Ese es el límite de referencia para esta pensión, también para mantenerla. La Seguridad Social incluye ingresos de cualquier naturaleza, por lo que deben declararse las rentas correspondientes. Tener un empleo no excluye automáticamente al solicitante, aunque superar ese umbral resulta incompatible con el cobro.
La prestación también es incompatible con percibir otra pensión pública. Si posteriormente nace el derecho a una pensión de jubilación, habrá que optar entre ambas cuando corresponda. Su carácter vitalicio significa que esta modalidad no establece una edad máxima de cobro. Sin embargo, contraer matrimonio extingue el derecho de los hijos mayores de 45 años incluidos en este supuesto. También termina por fallecimiento del beneficiario o si se comprueba que vive el trabajador desaparecido cuya muerte originó la prestación.
La cuantía parte del 20% y tiene mínimos diferentes
La cuantía inicial se calcula aplicando el 20% a la base reguladora correspondiente al fallecido. Como ejemplo, una base de 1.500 euros daría 300 euros por paga, antes de posibles incrementos, límites o complementos. Generalmente se abona en 14 pagas, con extraordinarias en junio y noviembre. Si deriva de accidente laboral o enfermedad profesional, las extras se prorratean en doce mensualidades. Cuando no quedan cónyuge superviviente ni hijos con derecho a orfandad, puede añadirse el porcentaje de viudedad, según las reglas de preferencia.
El mínimo general de 2026 es de 4.011 euros anuales por beneficiario, equivalentes a 286,50 euros en 14 pagas. Si no existen viudos ni huérfanos pensionistas, hay mínimos superiores para una única persona beneficiaria. Para menores de 65 años son 9.126,60 euros anuales, es decir, 651,90 euros por paga. Los complementos necesarios para alcanzar esos mínimos exigen cumplir condiciones propias de ingresos y residencia. La referencia general es de 9.442 euros anuales en rentas distintas de la pensión, sin cónyuge a cargo. Su reconocimiento requiere valorar también la suma de rentas y pensión. Este umbral es distinto del SMI utilizado para acceder a la pensión.
Cómo solicitarla y qué plazo afecta a los atrasos
La solicitud corresponde al INSS, o al Instituto Social de la Marina para trabajadores del mar. Puede presentarse por los canales electrónicos habilitados o en un CAISS con cita previa. Deben aportarse identificación, certificado de defunción, acreditación del parentesco y estado civil, y pruebas de convivencia e ingresos. El formulario admite empadronamiento o documentación admisible en derecho que pruebe la convivencia durante los dos años anteriores. Los certificados de prestaciones permiten justificar pensiones reconocidas o su ausencia, según el documento elegido. También deben facilitarse los datos bancarios y la información económica de los familiares relevantes.
El derecho no prescribe, pero pedirlo tarde puede reducir los atrasos. Si el allecido era pensionista, presentar la solicitud dentro de los tres meses permite efectos desde el primer día del mes siguiente al fallecimiento. Después, la retroactividad máxima es de tres meses anteriores a la solicitud. El INSS dispone de 90 días para resolver y notificar. Frente a la denegación o al silencio, la reclamación previa puede presentarse en 30 días hábiles.
La Administración dispone de 45 días hábiles para contestar. Después, hay 30 días hábiles para demandar desde la denegación de la reclamación o desde que se entienda desestimada. El formulario oficial detalla la documentación y las instrucciones.
