Por Andalucía, coalición integrada por IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, ha presentado su programa para las autonómicas previstas para junio con una propuesta que apunta al corazón del debate sanitario. Antonio Maíllo plantea prohibir de forma progresiva la compatibilidad entre la sanidad pública y la privada para los facultativos del SAS, en un contexto en el que también gana peso la integración de Muface en la sanidad pública, una cuestión que vuelve a poner el foco sobre el futuro del sistema.
La prohibición a médicos del SAS empezaría por los jefes de servicio
La medida se aplicaría en dos fases. Primero afectaría a los jefes de servicio, a los que la coalición señala por su capacidad para decidir derivaciones. Después podría extenderse al resto de médicos, pero no de manera automática, sino según las necesidades y el volumen asistencial de cada unidad. ¿Qué cambiaría? Que la compatibilidad dejaría de autorizarse por defecto.
| Fase | A quién | Clave |
|---|---|---|
| 1 | Jefes de servicio | Incompatibilidad |
| 2 | Resto de facultativos | Según cobertura y volumen asistencial |
Según la Consejería de Salud, el 40% de los médicos del SAS también trabaja en la privada. Por Andalucía sostiene que ese modelo ha alimentado un negocio creciente en clínicas y hospitales privados a costa de una pública con demoras, listas de espera y más derivaciones. Para sostener el giro, Maíllo propone crear un nuevo complemento de exclusividad para quienes se fidelicen a la sanidad pública.
Las otras medidas sanitarias y el riesgo político de la propuesta
La incompatibilidad no llega sola. El programa incorpora otras decisiones con las que la coalición quiere marcar perfil propio en plena campaña. Ahí está el quid.
- Reactivar la subasta de medicamentos.
- Acabar con los contratos por meses en el SAS.
- Reservar el 20% del presupuesto sanitario para Atención Primaria.
- Equiparar salarios en Atención Primaria y hospitales, además de contar el MIR como carrera profesional.
¿Por qué ahora? Porque la coalición cree que una mayoría social percibe el colapso de la sanidad pública como un problema real. La apuesta, sin embargo, tiene coste político. Ningún sindicato sanitario ni el Colegio de Médicos de Andalucía defiende recuperar el complemento de exclusividad, y el debate ya levantó protestas cuando el Ministerio de Sanidad abrió esta discusión con el Estatuto Marco. Desde 2020, 3.544 médicos de la pública han sido autorizados para trabajar también en clínicas privadas, y ese crecimiento explica que Maíllo haya decidido asumir ahora una medida que ya aparecía, de forma más difusa, en el programa de 2022.
La propuesta vuelve a poner sobre la mesa el equilibrio entre lo público y lo privado en un momento de especial presión sobre el sistema sanitario. En nuestra sección de sector público analizamos otras medidas, decisiones administrativas y cambios que afectan a las administraciones y al acceso a servicios públicos.
