La Audiencia Provincial de Gipuzkoa confirma el archivo de la querella impulsada por el Ayuntamiento en 2023 y frena la reparación judicial de 24 cargos públicos y funcionarios municipales represaliados tras la conquista franquista de 1936.
El proceso queda así definitivamente cerrado en vía penal, pese al intento del Consistorio donostiarra de lograr una resolución que reconociera el carácter de crímenes contra la humanidad de las vulneraciones sufridas por el personal municipal republicano.
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa rechaza reparar a funcionarios represaliados en Donostia
La sección tercera de la Audiencia Provincial ha ratificado el sobreseimiento acordado por un juzgado de Donostia, que ya en 2024 archivó la querella presentada por el Ayuntamiento. El auto, de 19 folios, fue notificado al Consistorio en octubre del pasado año, poco antes de que Eneko Goia dejara la alcaldía.
El tribunal entiende que los hechos están totalmente prescritos, que sobre ellos opera la amnistía de 1977 y que no es posible aplicar con carácter retroactivo normas posteriores sobre la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, al ser la irretroactividad de las normas desfavorables un pilar básico del Estado de Derecho.
La querella municipal, registrada en 2023 con Goia como alcalde, calificaba los hechos como genocidio, crímenes de lesa humanidad, detención ilegal, asesinato, lesiones, torturas, violación y apropiación indebida. El objetivo era que una resolución judicial fijara por escrito la verdad histórica y restituyera el “buen nombre” de las 24 personas represaliadas.
¿Hasta dónde puede llegar la vía penal cuando han pasado tantas décadas y las víctimas buscan sobre todo reconocimiento? Esa es una de las preguntas de fondo que deja el caso.
El Ayuntamiento de Donostia buscaba una declaración judicial sobre crímenes franquistas
El Ayuntamiento de Donostia había impulsado desde 2017 un proceso de recuperación de la memoria, primero con la sistematización de la información de víctimas de la Guerra Civil en colaboración con Aranzadi y, desde 2020, con un grupo de trabajo que elaboró el listado de los 24 nombres que se intentaba reparar.
Se trataba de cargos públicos y personal municipal republicano que fueron fusilados, encarcelados, perseguidos y represaliados tras la conquista franquista de la ciudad, en un contexto en el que Donostia e Irún cayeron en manos de los sublevados en menos de dos meses desde el golpe de 18 de julio de 1936.
A continuación se recoge la relación de funcionarios y cargos municipales afectados, ordenados alfabéticamente, tal y como se había incorporado a la querella:
| Funcionarios y cargos municipales represaliados en Donostia |
|---|
| Ángel Abalde |
| Ignacio Aramendi |
| José Arrizabalaga (sindicalista de ELA) |
| Miguel Artola |
| Miguel Ayestarán |
| Saturio Burutaran (del PNV) |
| Vicente Catediano |
| Ignacio María Eguileor |
| José María Fernández |
| Fulgencio Frechilla |
| Luis Iglesias (concejal del PSOE y sindicalista de UGT) |
| José Isasa |
| Ceferino Martiarena (edil socialista y miembro de UGT) |
| Cirilo Navalón |
| Paulino Peñalva |
| José Pérez |
| Toribio Simón |
| Domingo Sorondo (ugetista) |
| José Sorozabal |
| Anastasio Tulebras |
| José Ugarte |
| Ramón Ulacia (de UGT) |
| Millán Zabala |
| José Zubiarrain (de la CNT, anarquista) |
Entre ellos figuraban representantes vinculados al PNV, al PSOE, a sindicatos como UGT y ELA y a la CNT, reflejando la diversidad de perfiles políticos y sindicales presentes en el Ayuntamiento antes de la victoria franquista.
Debate entre imprescriptibilidad de crímenes contra la humanidad y leyes de amnistía
El recurso municipal defendía que el Estado tiene la obligación de perseguir penalmente las vulneraciones de derechos humanos y subrayaba la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, apelando al llamado “derecho de Nüremberg”. Los abogados del Ayuntamiento recordaban además las críticas de organismos internacionales a la interpretación que la Justicia española ha hecho de la amnistía de 1977.
Frente a esa postura, tanto la Audiencia como la Fiscalía se alinearon con una lectura estrictamente penal y procesal del caso. Los principales argumentos que se han impuesto pueden resumirse en:
- La prescripción de los posibles delitos, la aplicación de la amnistía de 1977, la imposibilidad de aplicar retroactivamente la imprescriptibilidad y la idea de que el proceso penal no sirve para declarar la “verdad histórica” de la Guerra Civil y la posguerra.
La Fiscalía se opuso desde el inicio a la apertura de una investigación, al considerar que el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal y recordando que los juicios deben garantizar la contradicción y la defensa de los acusados, ya fallecidos.
Sin embargo, en su memoria más reciente, la propia Fiscalía recuerda que la normativa de memoria histórica permite declaraciones judiciales sobre hechos pasados que afecten a víctimas de violaciones de derechos humanos durante el golpe, la guerra y la dictadura, citando este asunto de Donostia como ejemplo, junto a otros como la querella del Ayuntamiento de Astigarraga o el caso de Txomin Letamendi, ‘Turuta’, espía del Servicio Vasco de Información que fue detenido, torturado y encarcelado tras regresar a España. En este último supuesto, el archivo inicial fue recurrido por la propia Fiscalía para mantener viva la causa.
¿Qué vía queda entonces a las familias y a la ciudadanía que reclaman memoria, verdad y reparación más allá del proceso penal clásico? La discusión, a la vista de estos autos, seguirá abierta en otros frentes.
