A veces la vida te lanza un tropiezo, literalmente, y, con la excusa, hay quien intenta rascar algo más que una tirita. Seguro que conoces a ese vecino que, tras un golpecito tonto, lleva meses de “baja” jugando al pádel. Pues bien, en San Sebastián ha pasado algo parecido… pero el asunto le costaba al erario más de 3.000 euros al mes.
Hablamos de un trabajador que, tras caerse de una mesa el 22 de diciembre de 2021, convenció a médicos y administración de que sufría daños cerebrales severos. Como resultado, él cobraba una jugosa paga y su esposa otro extra por ejercer de cuidadora. Sin embargo, un detective con buen ojo, y una cámara aún mejor, desmontó la película. El juzgado de lo Social donostiarra ha sentenciado que todo era teatro y ha ordenado retirar las prestaciones.
¿Qué ocurrió realmente aquel 22 de diciembre de 2021?
El incidente fue de lo más mundano: el operario se subió a una mesa para colocar una cinta en su puesto y terminó en el suelo, golpeándose hombro y cabeza. Nada de huesos rotos ni hemorragias internas; el TAC del 28 de diciembre y la resonancia del 22 de febrero de 2022 lo dejaron claro: cero lesiones cerebrales. Pese a ello, el hombre aseguró sufrir un deterioro cognitivo grave, se negó a más pruebas y siempre alegó “fuertes dolores”, con la inestimable ayuda de su mujer, que impedía a los médicos explorarle a fondo.
Aun así, la Seguridad Social le reconoció “invalidez permanente absoluta”, le subió la pensión un 30 % y la Diputación de Guipúzcoa calificó su minusvalía en un 96 %. Resultado: más de 3.000 euros mensuales, a los que el beneficiario intentó sumar otras ayudas para rozar los 5.000 euros. Un sueldo, vaya, que muchos funcionarios no verán ni en sueños.
¿Por qué la Justicia ha retirado la gran invalidez?
Según la sentencia difundida el 24 de junio de 2025, los diagnósticos se apoyaban “únicamente en la observación”. En cristiano: no había pruebas médicas objetivas, porque el interesado las boicoteaba. Además, el tribunal recalca que “no existió lesión reseñable” y tacha la maniobra de “fraude de ley”. Si la ciencia no avala la dolencia y el beneficiario pone trabas a cada examen, la invalidez no se sostiene ni con muletas metafóricas.
La resolución también se ha enviado a la Fiscalía por si la conducta fuera delito, posible estafa a la Seguridad Social, y a la Diputación para que revise el grado de minusvalía del 96 %. Por cierto, su esposa perderá los 338 euros mensuales asignados por cuidarlo, un “trabajo” que, a tenor de las grabaciones, consistía básicamente en pasear con él.
¿Qué señales delataron el engaño?
La empresa, harta de pagar y sospechando cuento chino, contrató un detective. En varios seguimientos, el sabueso observó al supuesto inválido andando más de dos kilómetros con paso alegre, conversando y hasta bromeando con su mujer. Nada de torpeza motora ni mirada perdida; incluso llevaba capucha, con 18 grados y sin lluvia, para despistar. Vamos, que la escena recordaba más a una serie de Netflix que a un drama hospitalario.
En el juicio del 18 de enero de 2025, la diferencia fue de película: el trabajador apareció lento, desorientado y con gesto ausente. La magistrada comparó ambas versiones y concluyó que el hombre “ha simulado una enfermedad que no tenía” para cobrarse unas prestaciones vetadas a quien no cumpla los requisitos médicos.
¿Cómo actuar si sospechas de un fraude parecido?
Nadie quiere que el dinero público se esfume entre pícaros. Si crees que alguien cerca está exagerando su incapacidad, estos pasos pueden orientarte:
- Recopila pruebas objetivas (vídeos, fotos, testimonios) que muestren contradicciones claras entre lo que declara el supuesto afectado y lo que hace en su vida diaria.
Antes de ponerte la gabardina de detective, recuerda que grabar a terceros tiene límites legales. Por eso, conviene valorar la contratación de un profesional habilitado. Posteriormente, entrega la evidencia a la mutua, a la Inspección Médica o al juzgado, explicando de forma precisa fechas, lugares y comportamientos observados. Con documentación sólida, la administración revisará el caso y, si procede, anulará la prestación e iniciará acciones penales.