El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado ilegal un protocolo de seguridad aplicado de forma general y preventiva. La compañía deberá pagar 7.251 euros por daños morales por vulnerar el derecho a la intimidad.
Una trabajadora de MediaMarkt fue obligada durante años a abrir su bolsa cada vez que salía del centro de trabajo. No era un control puntual ni respondía a una sospecha concreta, sino una práctica diaria que ha terminado en condena para la empresa, conocida por su eslogan ‘yo no soy tonto’.
MediaMarkt obligaba a abrir bolsos y mostrar el IMEI del móvil cada día
Según los hechos del caso, MediaMarkt mantenía un protocolo de seguridad que se aplicaba al finalizar la jornada laboral. La medida no afectaba solo a una persona, sino que se realizaba de manera general e indiscriminada. En la práctica, el procedimiento exigía a los trabajadores:
- Abrir bolsos, mochilas o carteras ante el vigilante.
- Mostrar el interior.
- Enseñar el número IMEI del teléfono móvil.
Este tipo de controles suele generar dudas sobre su legalidad cuando afecta a efectos personales como mochilas o bolsos. En este caso, ese fue precisamente el origen del conflicto.
La trabajadora en reducción de jornada por guarda legal acudió a la vía judicial
La trabajadora, que estaba en reducción de jornada por guarda legal, decidió demandar a MediaMarkt. Su argumento principal fue que el bolso es un efecto personal y, por tanto, protegido por el derecho a la intimidad. El asunto llegó primero al Juzgado de lo Social, que le dio la razón. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirmó esa conclusión.
El TSJ del País Vasco declara ilegal el registro y fija 7.251 euros
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró ilegal el sistema de registros y consideró que la actuación empresarial vulneraba el derecho fundamental a la intimidad reconocido en el artículo 18 de la Constitución Española. La resolución, identificada como STSJ PV 336/2026, confirmó la nulidad de la actuación empresarial y fijó una indemnización de 7.251 euros por daños morales a favor de la trabajadora.
Por qué el “triple test de proporcionalidad” tumbó el protocolo general e indiscriminado
Para valorar si el protocolo podía justificarse, el tribunal aplicó el llamado “triple test de proporcionalidad”. Este análisis revisa:
- Idoneidad, es decir, si la medida sirve para el fin perseguido.
- Necesidad, si no existe otra alternativa menos invasiva.
- Proporcionalidad estricta, si el sacrificio del derecho resulta equilibrado respecto al objetivo.
La medida no superó ese examen. El tribunal destacó que no existían sospechas previas, que el control era diario y que se aplicaba a toda la plantilla. Además, exigir el número IMEI del móvil se consideró especialmente invasivo.
La sentencia como aviso para empresas y plantilla ante controles de efectos personales
El fallo se presenta como un ejemplo de cómo actuar cuando se considera que un registro empresarial no cumple con la legalidad. En este caso, la trabajadora siguió la vía judicial tras cumplir con la orden de enseñar su bolso e incluso el MEI de su móvil cada día.
Ahora bien, el propio caso también deja una advertencia: existe el ejemplo de un despido disciplinario a un trabajador que se negó al registro de su bolsa al salir del trabajo, y la justicia consideró válido ese despido por desobediencia.
