Una trabajadora de Mercadona de 49 años, con fibromialgia y un grave trastorno depresivo, ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias le reconozca la incapacidad permanente absoluta, tras haber sido rechazada inicialmente por la Seguridad Social.
La sentencia le da derecho a una pensión vitalicia equivalente al 100% de su base reguladora, fijada en 3.402,86 euros mensuales. Sin embargo, el cobro efectivo se verá limitado por el tope máximo de pensiones vigente, de forma que no percibirá íntegramente esa cantidad.
El tribunal tiene en cuenta el conjunto de dolencias que sufre la empleada —fibromialgia, lumbalgia mecánica, migraña crónica, artrosis lumbar y un trastorno depresivo— y concluye que anulan por completo su capacidad para trabajar en cualquier profesión u oficio.
El TSJ de Asturias reconoce incapacidad permanente absoluta a empleada de Mercadona
Según se recoge en la resolución, la trabajadora ejercía como coordinadora en Mercadona cuando comenzó a experimentar un deterioro progresivo de su estado de salud. Las dolencias físicas, vinculadas a la fibromialgia y a problemas de columna con estenosis, se vieron agravadas por un episodio depresivo grave con ideación autolítica y alteraciones sensoperceptivas.
La evolución de la enfermedad la obligó a solicitar primero la baja por incapacidad temporal. Ante la imposibilidad de mantener cualquier actividad profesional, pidió después a la Seguridad Social el reconocimiento de una incapacidad permanente, petición que fue denegada.
El Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) argumentó que las lesiones no alcanzaban un grado suficiente de disminución de la capacidad laboral como para declarar la incapacidad permanente. Tras esta negativa administrativa y la reclamación previa, la trabajadora decidió llevar el caso ante los juzgados de lo Social.
La Seguridad Social y el EVI negaron inicialmente la incapacidad laboral reconocida
En vía judicial, tanto el Juzgado de lo Social como, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias han dado la razón a la empleada, frente a la postura de la Seguridad Social. Esta última sostenía que la trabajadora había experimentado una estabilización de su patología psíquica y cierta mejoría en su estado mental, apoyándose en informes médicos posteriores.
El TSJ de Asturias matiza que la supuesta mejoría, referida a una ideación suicida “menos estructurada”, no implica una verdadera recuperación de la capacidad laboral, especialmente cuando los informes de salud mental de 2024 continúan reflejando una “evolución tórpida”, es decir, lenta y sin resultados positivos.
Los magistrados recuerdan que, conforme a la Ley General de la Seguridad Social, la incapacidad permanente absoluta existe cuando la persona trabajadora está inhabilitada para “toda profesión u oficio”. Añaden que cualquier empleo, por liviano que sea, exige unos mínimos de “ritmo, esfuerzo, rendimiento razonable, diligencia, profesionalidad y seguridad”. En este caso, concluyen que la combinación de enfermedad física y trastorno mental impide a la trabajadora alcanzar esos mínimos en cualquier puesto.
Cómo afecta el tope máximo de pensiones de la Seguridad Social a esta trabajadora
El fallo confirma el derecho de la empleada a percibir una pensión vitalicia del 100% de su base reguladora, es decir, 3.402,86 euros mensuales. No obstante, la cuantía real a cobrar se verá recortada por el límite máximo de pensiones establecido en el artículo 57 de la Ley General de la Seguridad Social.
Para el año 2026, la pensión máxima en España se sitúa en 3.359,60 euros mensuales en 14 pagas. Esto supone que, pese a haber generado el derecho a una base superior, la Tesorería aplicará el “tope de pensión”. En la práctica, la trabajadora dejará de percibir 43,26 euros mensuales, pasando a cobrar la pensión máxima legal permitida por la Seguridad Social.
Esta resolución pone de relieve que, aun cuando se reconoce una incapacidad permanente absoluta con una base reguladora elevada, el límite máximo de pensión puede reducir el importe definitivo a cobrar, y subraya la importancia de las patologías de salud mental, junto con las físicas, a la hora de valorar la capacidad laboral.
