Un trabajador guipuzcoano ha ganado en los tribunales a la Seguridad Social y podrá cobrar una pensión mensual de 3.126,83 euros. El caso ha sido confirmado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que desestima el recurso presentado por el INSS y mantiene la resolución dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Donostia-San Sebastián.
El conflicto comenzó en diciembre de 2020, cuando el empleado, con 60 años y 7 meses, solicitó la jubilación anticipada. Para ello alegó 33 años cotizados, equivalentes a 12.112 días, y una discapacidad del 46% reconocida desde 2013.
La Seguridad Social denegó la jubilación anticipada por discapacidad al trabajador guipuzcoano
La Seguridad Social rechazó la solicitud al entender que no cumplía los requisitos del Real Decreto 1851/2009, que permite adelantar la jubilación a personas con una discapacidad igual o superior al 45%.
Según el INSS, el solicitante solo tenía reconocido ese porcentaje desde hacía siete años, por lo que no podía aplicarse el coeficiente reductor previsto para estos casos. Además, el organismo defendía que no alcanzaba el mínimo de 12.775 días cotizados exigidos.
¿Y qué hizo entonces el trabajador? Acudió a los tribunales. Y ahí es donde el caso dio un giro importante.
El tribunal considera que las secuelas de la poliomielitis existían desde niño
El Juzgado de lo Social número 1 de Donostia-San Sebastián dio la razón al trabajador. La clave estuvo en la interpretación del grado de discapacidad. Aunque en 1986 tenía reconocido un 33% y en 2013 pasó al 46%, el tribunal entendió que ese cambio no respondía a un empeoramiento de su salud.
La sentencia concluyó que se trataba de una nueva calificación de los efectos persistentes de la misma enfermedad de base: la poliomielitis. Es decir, las secuelas estaban presentes desde el inicio, aunque el porcentaje reconocido oficialmente hubiera cambiado con el paso del tiempo.
Estos son los datos principales del caso:
| Dato del caso | Información reconocida |
|---|---|
| Edad al solicitar la jubilación | 60 años y 7 meses |
| Cotización acreditada | 33 años, 12.112 días |
| Discapacidad reconocida | 46% desde 2013 |
| Pensión mensual | 3.126,83 euros |
| Atrasos aproximados | 113.000 euros |
Por tanto, el tribunal consideró que el trabajador podía cumplir el requisito de discapacidad desde mucho antes de la fecha defendida por la Seguridad Social.
El TSJ confirma la pensión y obliga al pago de atrasos
Tras la primera sentencia favorable, el INSS presentó recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Sin embargo, este órgano judicial lo ha desestimado y ha ratificado el fallo del tribunal donostiarra.
La resolución reconoce el derecho del trabajador a acogerse a la jubilación voluntaria anticipada por discapacidad. Además, obliga a la Seguridad Social a abonarle la pensión mensual y los atrasos correspondientes al retraso acumulado en el reconocimiento de su derecho.
En la práctica, el fallo supone:
- El reconocimiento de la jubilación anticipada por discapacidad.
- El pago de una pensión mensual de 3.126,83 euros.
- El abono de atrasos por casi tres años, unos 113.000 euros.
Vamos, que no se trata solo de una pensión reconocida, sino también de una cantidad importante por el tiempo que el trabajador estuvo esperando una respuesta favorable.
