El trabajador no alcanzaba los 15 años de cotización y perdió su empleo sin poder acceder a la pensión. La sentencia declara el despido improcedente y rechaza una compensación adicional.
La Plaza 5 de lo Social del Tribunal de Instancia de Santander ha condenado al Gobierno de Cantabria a indemnizar con 15.439,43 euros a un auxiliar de enfermería del ICASS. La sentencia 261/2026, de 20 de octubre, fue publicada íntegramente por CSIF el 11 de noviembre. La Administración había extinguido su contrato por alcanzar la edad de jubilación, aunque carecía de las cotizaciones mínimas. El fallo admite recurso de suplicación ante el TSJ de Cantabria.
Cumplió la edad pero no tenía cotización suficiente para jubilarse
El auxiliar trabajaba para el Instituto Cántabro de Servicios Sociales desde el 13 de diciembre de 2018 mediante distintos contratos temporales. Percibía 2.032,97 euros mensuales, con las pagas extraordinarias prorrateadas. Su último contrato, firmado el 14 de junio de 2024, cubría la baja por incapacidad temporal de otra trabajadora.
La Administración le comunicó que cesaría el 30 de marzo de 2025 por jubilación forzosa. Sin embargo, el informe de vida laboral y un certificado del propio ICASS acreditaban que no alcanzaba quince años cotizados. Desde el 8 de abril figuraba en desempleo. También desapareció de la nueva bolsa de contratación temporal, aunque antes ocupaba el puesto 27.
La necesidad de sustitución continuaba. Otra persona asumió el contrato desde el 1 de abril hasta el 9 de diciembre de 2025, cuando la titular pasó a incapacidad permanente. Esa última fecha resultó decisiva para calcular la indemnización.
La Administración admitió el error durante el juicio
El trabajador solicitó dejar sin efecto el cese, recuperar su puesto hasta la terminación correcta del contrato y obtener las consecuencias económicas correspondientes. Subsidiariamente, pidió que se declarase el despido improcedente y se añadiera una compensación por los perjuicios sufridos.
El Gobierno regional reconoció que había calculado mal las cotizaciones y que el contrato no debía haber terminado en marzo. Admitió la improcedencia, pero cifró la indemnización en 13.969,01 euros. También se opuso a abonar una cantidad adicional equivalente a los salarios hasta diciembre.
La jueza explica que solicitar reincorporación no basta para plantear una nulidad por discriminación. La demanda describía un error de cómputo, sin identificar hechos constitutivos de una vulneración de derechos fundamentales. Por ello, estima la petición subsidiaria de improcedencia y rechaza introducir de oficio una causa de nulidad por edad.
Los 15.439,43 euros incluyen el periodo hasta el final correcto
La resolución calcula la compensación desde el 13 de diciembre de 2018 hasta el 9 de diciembre de 2025, fecha en que habría terminado la sustitución. Aplica 33 días de salario por año de servicio y computa 84 meses tras el prorrateo. El resultado supera en 1.470,42 euros lo reconocido por la Administración.
La sentencia deniega la indemnización complementaria solicitada. Aplica la doctrina del Supremo sobre la compensación legal tasada y señala que en este procedimiento no se ha acreditado una vulneración de derechos fundamentales que justifique otra reparación.
El litigio resuelve la extinción laboral, sin conceder una pensión. Esa diferencia también ayuda a entender las reclamaciones de jubilación de empleados públicos. Para situaciones con cotizaciones insuficientes, Importass permite consultar las modalidades de convenio especial, cada una con sus requisitos; ese trámite no sustituye la impugnación de un cese.
El fallo permite anunciar recurso en cinco días desde su notificación. La documentación difundida no acredita que se haya presentado ni que la sentencia haya adquirido firmeza.