Ante un aumento del 125% de agresiones a funcionarios, el Ejecutivo descarta modificar el Reglamento Penitenciario y propone cursos de «resolución de conflictos» y medidas preventivas en prisiones y centros de inserción social.
El Gobierno propone cursillos de «resolución de conflictos» para frenar las agresiones a funcionarios, que pasaron de 223 en 2018 a 505 en 2024. Aun así, no prevé reformar el Reglamento Penitenciario.
El Gobierno apuesta por cursos de resolución de conflictos frente al aumento de agresiones
Una de las medidas anunciadas son «acciones formativas dirigidas a los profesionales penitenciarios, en el marco del Protocolo específico de actuación frente a las agresiones», tanto en prisiones como en centros de inserción social. La finalidad es dotarles de conocimientos que les permitan resolver los incidentes con la mayor eficacia y con el menor riesgo posible para su integridad física. ¿Bastará con más formación?
Sin reforma del Reglamento Penitenciario y análisis de incidentes para prevenir nuevas agresiones
El Ejecutivo admite que no existe, en este momento, previsión de reformar el Reglamento Penitenciario. Paralelamente, anuncia un análisis de los incidentes que derivan en agresiones para detectar causas, diseñar estrategias preventivas y minimizar su impacto. Además, se refuerza la observación de la población reclusa y la intervención tratamental.
Entre las actuaciones previstas, destacan:
- Cursos de resolución de conflictos para profesionales penitenciarios.
- Análisis de los incidentes que han derivado en agresiones.
- Observación y conocimiento de la población reclusa por el personal.
- Potenciación de los programas de intervención tratamental.
- Medidas de prevención con internos que hayan mostrado mayor agresividad.
- Organización de servicios para garantizar presencia suficiente en departamentos y conocer a los internos.
- Puesta a disposición de elementos de protección personal e intervención adecuados.
Ahora bien, no se detallan más especificaciones sobre esos elementos de protección personal.
La oposición traslada preguntas parlamentarias y cuestiona la política penitenciaria del Gobierno
La postura del Ejecutivo llega en respuesta a una iniciativa de Vox sobre las medidas preventivas que está ejecutando el Gobierno ante la desprotección del personal. El partido recuerda que se pidió a los directores limitar el número máximo de internos clasificados en primer grado y que, según una información citada, se pretendía reducir a la mínima expresión el artículo 75.1 del reglamento penitenciario, el que faculta a los directores a imponer a un interno el aislamiento, la antesala del régimen de vida más duro en prisión: el primer grado.
En pocas palabras, el debate enfrenta formación y prevención frente a cambios normativos. ¿Qué vía consideras más eficaz para proteger a los funcionarios?