Laura Cánovas, con cinco años de experiencia, recurre la decisión que la declara “no apta” y pide que se apliquen los ajustes razonables que marca la ley.
Una decisión médica que deja sin trabajo a una docente que aprobó su oposición en el turno de discapacidad ha encendido todas las alarmas. ¿Por qué se invalida ahora su plaza cuando no había quejas sobre su desempeño?
La Dirección General de Personal y Formación del Profesorado del Gobierno de Canarias cesó el 27 de noviembre de 2024 a Laura Cánovas, maestra especialista en Educación Especial y funcionaria en prácticas, tras un informe de la Comisión de Evaluación Médica que la declara “no apta” por su sordera. La medida ignora sus cinco años de docencia satisfactoria y, según denuncian varias entidades de discapacidad, vulnera la normativa que obliga a ofrecer ajustes razonables antes de excluir a una persona del empleo público.
El informe médico que la declaró “no apta” choca con cinco años de desempeño ejemplar
Cánovas impartía clases desde 2019 sin incidencias ni quejas. Sin embargo, el informe sanitario sostiene que su pérdida auditiva “impide” comunicar adecuadamente, sin analizar alternativas como intérpretes o ayudas técnicas. De ahí que la maestra argumente: “Solo pido que se cumpla la ley y se valore mi capacidad real”.
| Fecha | Hecho relevante |
|---|---|
| 2019 | Obtiene plaza tras aprobar concurso-oposición en turno de discapacidad |
| 2020-2024 | Ejerció como maestra sin partes negativos ni quejas formales |
| 27-11-2024 | Comisión Médica la declara “no apta”; se produce el cese |
| 05-12-2024 | Presenta recurso de reposición solicitando revocación y ajustes razonables |
La tabla anterior resume los hitos clave para entender la evolución del conflicto.
Legislación nacional e internacional que garantiza ajustes razonables para docentes con discapacidad auditiva
España ratificó la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a las administraciones a facilitar recursos que eliminen barreras. Además, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley General de Discapacidad recogen el derecho a la accesibilidad y la adaptación del puesto. ¿Se han aplicado realmente estas normas en este caso? Organizaciones como CNSE, Fasican, Asorte y Cermi sostienen que no, y califican la medida de “discriminatoria”. Normas clave que respaldan la reclamación
- Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
- Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social
- Estatuto Básico del Empleado Público (art. 49 y 45)
- Directiva Europea 2000/78/CE sobre igualdad en el empleo
Estos textos establecen el principio de igualdad y obligan a poner medios de apoyo antes de limitar el derecho al trabajo.
Pasos para presentar recurso de reposición y proteger los derechos laborales vulnerados
- Interponer el recurso ante la consejería competente en un plazo máximo de un mes desde la notificación del cese.
- Aportar informes que prueben la capacidad para el puesto y las ayudas técnicas factibles.
- Solicitar medidas cautelares para seguir en el puesto mientras se resuelve el expediente.
- Recabar apoyos de sindicatos y asociaciones de discapacidad para reforzar la presión social y jurídica.
- Acudir a la vía contencioso-administrativa si el recurso es desestimado.
Por otro lado, los colectivos que respaldan a la maestra plantean elevar quejas ante el Defensor del Pueblo y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, a fin de que se inste al Gobierno canario a rectificar. ¿Te interesa saber cómo encaminar un proceso similar si estás en la misma situación? Toma nota de los plazos y no dejes pasar la oportunidad de defender tus derechos.
El impacto del caso en la comunidad educativa y la necesidad de soluciones inclusivas
El cese de Cánovas envía un mensaje preocupante al colectivo docente con discapacidad: si una plaza obtenida legalmente puede perderse por no aplicar ajustes, ¿quién se atreverá a opositar? Las organizaciones alertan de que la Administración lanza “un paso atrás” en la inclusión y piden formación para los equipos de valoración médica y la dotación de recursos, desde bucles magnéticos hasta intérpretes de lengua de signos.
Por consiguiente, este conflicto no solo afecta a la profesora involucrada, sino que sienta un precedente sobre cómo se gestionan las adaptaciones en la función pública. En consecuencia, la resolución final marcará el rumbo de futuras convocatorias y la confianza de las personas con discapacidad que aspiran a servir en la escuela pública.