Siete trabajadores de una empresa de fontanería han denunciado impagos de salarios, de materiales y la falta de abono de sus finiquitos, en un conflicto que, según relatan, terminó con sus despidos después de acudir a la Inspección de Trabajo. En este contexto, conviene recordar que la obligación de entregar contratos al trabajador bajo multa refuerza el control sobre las empresas y las garantías laborales. Además de la reclamación presentada en el Ministerio de Trabajo, también se personaron en el Tamib, el tribunal de arbitraje y mediación de las Islas Baleares, donde la empresa estaba citada, pero no compareció.
Los impagos de nóminas en la empresa de fontanería acabaron en despidos
Según explican los afectados, la situación se agravó pocos días después de presentar la denuncia. En ese momento, aseguran, la empresa les comunicó que ya no podían entrar más a la obra. Uno de los trabajadores relata que presentó la denuncia por la mañana y ese mismo día, poco antes de las dos de la tarde, fue despedido junto a su hijo.
La mayoría, según sostienen, ni siquiera recibió carta de despido y solo tuvo constancia de su situación al comprobar la baja en la Seguridad Social. En uno de los casos, el empleado con menos antigüedad recibió como motivo de extinción no haber superado el período de prueba. Un compañero denuncia que, tras cuatro meses de trabajo y haciendo horas extras, solo había cobrado 800 euros.
En cambio, en el caso de los dos empleados con más tiempo en la empresa, la carta de despido aludía a causas objetivas de carácter económico, organizativo y de producción.
La denuncia ante Inspección de Trabajo y la falta de respuesta en el Tamib
Los trabajadores también cargan contra las constructoras para las que prestaban servicio, al entender que les impidieron seguir entrando a las obras y que tienen parte de responsabilidad en lo ocurrido. A su juicio, tras denunciar ante la Inspección de Trabajo, quedaron en una situación de bloqueo sin poder trabajar ni cobrar.
En este sentido, cuestionan además la dificultad de reclamar judicialmente cuando se acumulan meses sin salario. Uno de ellos resume esa situación con una frase que refleja el alcance del problema: “¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?”.
La supuesta falsificación de firmas agrava el conflicto laboral denunciado
A todo ello se suma una acusación especialmente grave. Los empleados afirman que se habrían falsificado firmas para justificar el pago de nóminas que, según mantienen, nunca llegaron a percibir. “Jamás hemos firmado”, aseguran, aludiendo a documentos que, según explican, figuraban como validados.
También señalan que presentaron denuncias ante la Guardia Civil por este motivo. Según relatan, descubrieron esas supuestas rúbricas a través de la plataforma en la que aparecía toda la documentación, donde la firma figuraba en verde pese a que ellos niegan haberla realizado.
Por ahora, tras acudir a la Inspección de Trabajo, indican que siguen a la espera de una resolución. Mientras tanto, lamentan que la normativa obligue en estos casos a seguir acudiendo al puesto de trabajo durante hasta tres meses, incluso sin cobrar.
El caso refleja las dificultades reales para hacer valer los derechos laborales cuando se acumulan impagos y conflictos con la empresa. Este tipo de situaciones también se abordan en nuestra sección de actualidad y sentencias laborales, donde analizamos más conflictos laborales, decisiones de los tribunales y claves legales que afectan a los trabajadores.
