La subida de las pensiones exigiría justificar la urgencia y someter el decreto a convalidación. El porcentaje dependerá de la media del IPC.
El Gobierno plantea aprobar la subida de las pensiones de 2027 después de las elecciones del 29 de noviembre, aunque continúe en funciones. Carlos Cuerpo defendió esta posibilidad el 15 de octubre en TVE, según recoge elDiario.es. El vicepresidente primero busca evitar que los pensionistas esperen a la formación del siguiente Ejecutivo. La propuesta no concreta todavía el porcentaje. Además, la garantía legal de actualización con el IPC necesita desarrollo normativo y, si se utiliza un decreto ley, control parlamentario.
La subida de las pensiones requiere algo más que prorrogar los Presupuestos
La ley reconoce la actualización anual, pero mantener los Presupuestos anteriores no incorpora automáticamente la nueva revalorización. Así lo explica el preámbulo del Real Decreto-ley 3/2026, que cita la doctrina del Consejo de Estado. En ese supuesto, el Gobierno debe aprobar una norma que permita actualizar los importes. Esta distinción ayuda a entender por qué Cuerpo plantea un decreto ley. La continuidad del presupuesto y la fijación de las nuevas cuantías son decisiones diferentes, aunque ambas afecten al pago de las prestaciones.
El precedente más cercano está en la subida de las pensiones de 2026. El decreto aprobado el 23 de diciembre de 2025 quedó derogado el 28 de enero por falta de convalidación. Después, el Real Decreto-ley 3/2026 restableció el incremento general del 2,7 %, con efectos desde el 1 de enero. Ese episodio explica la importancia de la votación parlamentaria. La aprobación inicial por el Consejo de Ministros permite poner en marcha la medida, pero no elimina el trámite posterior.
Un Gobierno en funciones debe justificar la urgencia de la medida
El artículo 21 de la Ley del Gobierno establece que el Ejecutivo cesa tras las elecciones y continúa en funciones hasta el relevo. Durante ese periodo debe limitarse al despacho ordinario de los asuntos públicos. Puede adoptar otras medidas por urgencia acreditada o interés general expresamente justificado. La norma le impide presentar proyectos de ley y aprobar el proyecto de Presupuestos. Sin embargo, no contiene una prohibición general de dictar decretos leyes. Cuerpo defiende que actualizar las pensiones encajaría en esa excepción.
También debe cumplirse el artículo 86 de la Constitución, que exige una necesidad extraordinaria y urgente para aprobar un decreto ley. Su convalidación o derogación debe votarse dentro de los treinta días siguientes a su promulgación. Si el Congreso sigue disuelto, esa competencia corresponde a la Diputación Permanente, conforme al artículo 78. Cuando se constituyan las nuevas Cortes, la función vuelve al Congreso. Por tanto, el órgano que tramite la convalidación dependerá del calendario parlamentario, no únicamente de que el Gobierno continúe en funciones.
El IPC de noviembre llegará en dos fechas y no determina solo la subida
El calendario del Instituto Nacional de Estadística sitúa el avance del IPC de noviembre en el día 27, dos jornadas antes de las elecciones. Ese indicador será provisional. La publicación definitiva está prevista para el 15 de diciembre de 2026. La diferencia importa porque el porcentaje de revalorización todavía no puede considerarse cerrado. Las declaraciones del vicepresidente plantean una vía para aprobar la actualización. No convierten una previsión de inflación en una subida definitiva para enero.
El artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social tampoco utiliza exclusivamente la inflación interanual de noviembre. La referencia es la media de las doce tasas interanuales anteriores a diciembre. Para 2027, comprende desde diciembre de 2025 hasta noviembre de 2026, ambos incluidos. Por eso, un dato elevado en el último mes no se trasladaría íntegramente a la pensión. La norma añade otra protección: si esa media fuera negativa, el importe de las pensiones se mantendría sin reducción al comenzar el año.
Cuánto representa cada punto de subida y qué pensionistas tienen reglas adicionales
Un ejemplo permite medir el efecto económico sin adelantar porcentajes todavía desconocidos. Para una pensión contributiva de 1.500 euros brutos mensuales, cada punto porcentual de incremento representa 15 euros más por paga. Si se percibe durante todo el año en catorce pagas, serían 210 euros brutos adicionales anuales. Es un cálculo ilustrativo, no una previsión oficial para 2027. Tampoco equivale necesariamente al aumento del ingreso bancario, porque este puede variar según las retenciones y las circunstancias de cada prestación.
El porcentaje general no basta para calcular todos los casos. Las pensiones mínimas y las no contributivas tienen mecanismos adicionales de mejora, y los complementos a mínimos dependen de requisitos específicos. Por ello, una persona que cobre ese complemento no debería aplicar sin más el porcentaje general a toda su mensualidad. El anuncio tampoco abre un nuevo plazo de solicitud. Para conocer la cuantía definitiva habrá que consultar la norma publicada en el BOE y la información correspondiente a cada modalidad de pensión.
