La reforma del Ingreso Mínimo Vital entra en vigor el 23 de octubre de 2026. Recupera una obligación que desapareció de este apartado en abril.
La Ley 4/2026 recupera la obligación de determinadas entidades sociales de comunicar al INSS los cambios que afecten al Ingreso Mínimo Vital. Abarca los casos de personas empadronadas en sus sedes o centros y establece un plazo de 30 días desde cada modificación. Publicada en el BOE el 3 de octubre, entrará en vigor el 23 de octubre de 2026. La firma colegiada de los certificados, mencionada en el nuevo texto, ya era obligatoria.
Qué cambia en el Ingreso Mínimo Vital desde el 23 de octubre
La disposición final decimotercera modifica el apartado primero de la disposición transitoria séptima de la Ley 19/2021. Comparar sus versiones permite precisar la novedad. La comunicación de cambios en 30 días figuraba en el texto original de 2021. Sin embargo, ese párrafo dejó de aparecer con la redacción aprobada por la Ley 1/2026, vigente desde el 10 de abril. Ahora vuelve a incorporarse. Se recupera así una obligación expresa de colaboración para controlar la prestación en estos supuestos.
La firma del certificado sigue correspondiendo a un trabajador social de la entidad, debidamente colegiado, cuyo número de colegiación debe constar. Esa exigencia ya aparecía en 2021, tanto en la ley como en la orden reguladora del registro. Por tanto, presentarla como un requisito estrenado en octubre sería incorrecto. Tampoco esta modificación establece una nueva cuantía o una renovación general de solicitudes. Los requisitos económicos del IMV deben distinguirse de estas obligaciones de acreditación y comunicación.
A qué entidades y personas empadronadas afecta la obligación
El párrafo recuperado se dirige a entidades del Tercer Sector de Acción Social cuando existen personas empadronadas en sus sedes o centros. Ese empadronamiento debe ajustarse a las instrucciones técnicas municipales. La entidad tendrá que trasladar al Instituto Nacional de la Seguridad Social las modificaciones que afecten a la gestión y control del IMV. El plazo se vincula al momento en que ocurra cada cambio. El 23 de octubre es la entrada en vigor, no una fecha límite para entregar documentación.
Los mediadores sociales pueden acreditar circunstancias que resultan difíciles de demostrar mediante la documentación habitual. Entre ellas están la residencia de personas sin hogar, un domicilio real diferente del padrón o la ausencia de vínculos familiares entre convivientes. También intervienen en determinados supuestos de independencia y riesgo de exclusión social. La independencia del domicilio familiar tiene sus propias condiciones. El certificado permite acreditar circunstancias concretas, pero no sustituye la comprobación de todos los requisitos para reconocer la prestación.
La revisión anual de certificados y el deber del beneficiario continúan
Las entidades inscritas mantienen la obligación de comunicar anualmente si continúan o cambian determinadas situaciones certificadas. Afecta a los certificados sobre ausencia de vínculos entre convivientes y al de riesgo de exclusión social previstos legalmente. La falta de esa comunicación dentro del plazo establecido puede suspender el abono de la prestación. Esta consecuencia ya figuraba en la redacción anterior. La duración del Ingreso Mínimo Vital depende de conservar las condiciones exigidas, aunque la prestación no tenga una duración cerrada.
La intervención de una entidad tampoco elimina las obligaciones personales del titular. El artículo 36 exige comunicar en 30 días naturales los cambios que puedan modificar, suspender o extinguir la prestación. También obliga a informar de variaciones del domicilio o del padrón que afecten a integrantes de la unidad de convivencia. Por ejemplo, una mudanza debe comunicarse cuando corresponda, aunque una organización haya ayudado con la solicitud. El deber del titular y el de la entidad son obligaciones diferenciadas.
Dónde comprobar la entidad y cómo comunicar una variación
El Ministerio de Inclusión publica el registro de mediadores sociales del IMV. Entre las entidades inscritas figuran Cruz Roja Española, Cáritas Española, ACCEM, Provivienda y Fundación Secretariado Gitano. Consultar ese registro permite identificar organizaciones habilitadas para certificar las circunstancias contempladas en la normativa. La Seguridad Social aclara, además, que los modelos de certificados sociales están destinados a los profesionales y representantes correspondientes. El solicitante no necesita descargarlos ni cumplimentarlos personalmente. Puede dirigirse al servicio o entidad que deba acreditar su situación.
Para informar de cambios, la Seguridad Social ofrece un formulario específico de comunicación de variaciones, separado de la solicitud inicial y de los certificados sociales. La tramitación debe dirigirse al organismo competente; existen vías autonómicas específicas en Euskadi, Navarra y Cataluña. Si la duda afecta al certificado, resulta útil contactar con quien lo emitió y conservar los justificantes de las comunicaciones realizadas. La nueva redacción puede consultarse en la disposición final decimotercera del BOE.
