El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha una reforma de la normativa laboral para blindar a los empleados que revelen secretos o información confidencial de su empresa cuando denuncien acciones ilegales. Estos trabajadores no podrán ser despedidos ni sancionados y, si la empresa lo hace, deberá readmitirlos y pagarles una indemnización.
Quién puede acogerse a la nueva protección frente a represalias laborales por denunciar
El departamento liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha sacado a audiencia pública una batería de cambios para promover la lucha contra la corrupción en el seno de las empresas, tanto públicas como privadas. El objetivo es proteger a quienes denuncian infracciones normativas y prácticas irregulares.
¿Qué supone esto en la práctica para quienes se plantean denunciar a su empresa? La reforma incorpora expresamente las comunicaciones o revelaciones del informante como causa protegida frente a cualquier represalia. Según el borrador, no podrán ser castigados con despido, degradación del puesto ni suspensión de empleo y sueldo quienes “que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción salvo que concurran motivos no relacionados con estas actividades”.
Estos cambios llegan después de que, hace dos años, se obligara a las grandes compañías a tener habilitado un buzón anónimo de denuncias para que los empleados pudieran informar internamente de irregularidades. Ahora se da un paso más para blindar a quienes utilizan esos canales y evitar que sufran consecuencias laborales por hacerlo.
En otras palabras, se refuerza de forma clara la figura del denunciante para que la empresa no pueda utilizar su poder disciplinario como castigo por haber levantado la voz.
Cómo se protege la revelación de secretos y la denuncia interna frente a sanciones
El texto elaborado por Trabajo deja claro que la revelación de secretos, siempre que oculte acciones ilegales, no puede ser motivo de sanción. Muchas compañías cuentan con códigos internos que califican como falta muy grave la revelación de información confidencial, para protegerse del espionaje entre empresas. Con la reforma, será la empresa la que deba acreditar que cualquier sanción es totalmente ajena a la actividad habitual como denunciante del trabajador.
Además, si el cese es disciplinario, la compañía tendrá que justificar de forma muy rigurosa las faltas cometidas por la persona empleada. Dicho de forma sencilla, ya no bastará con alegar una pérdida de confianza sin más explicación.
¿Y qué ocurre con quienes acaban de llegar a la empresa? Una de las novedades relevantes es la mayor protección durante el periodo de prueba. Hasta ahora, la empresa podía alegar falta de competencia o confianza y despedir sin justificar demasiado ni pagar indemnización. La normativa pretende declarar nula cualquier resolución empresarial durante el periodo de prueba cuando persiga penalizar la denuncia del informante, tratando de eliminar una de las represalias más difíciles de acreditar.
Con todo ello se busca que quien detecte infracciones se anime a denunciarlas sin miedo a perder su empleo o ver deterioradas sus condiciones laborales.
Plazos de la reforma laboral para protección reforzada del denunciante frente a represalias
El texto ya ha salido a audiencia pública y el plazo de aportaciones de los potenciales interesados termina el 26 de diciembre de 2025. Posteriormente deberá superar varios trámites normativos y remitirse al Congreso de los Diputados antes de su aprobación definitiva.
¿Cuándo podrían notarse estos cambios en el día a día de los centros de trabajo? Según se recoge en la información disponible, hasta, como pronto, ya entrado el año que viene la reforma no podría entrar en vigor. Hasta entonces, el proceso seguirá su curso institucional.
En cualquier caso, el mensaje que se lanza es claro: reforzar la lucha contra la corrupción dentro de las empresas y dar mayor seguridad a quienes se decidan a denunciarla, sin temor a perder su puesto ni a sufrir castigos encubiertos.
